El fiscal pide que se revoque la sentencia condenatoria del crimen de Leónidas Vargas

La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado mes de mayo a penas de entre cuatro y 26 años de cárcel a los siete miembros de la banda que mató al narcotraficante colombiano Leónidas Vargas en enero de 2009 mientras estaba ingresado en el hospital 12 de octubre. La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estudia esta mañana el recurso de apelación por el crimen del narcotraficante colombiano. Los abogados de la defensa han pedido la anulación del juicio al entender que las escuchas telefónicas y los posicionamientos de los móviles en los que se basó el fallo no se ajustan a derecho. Mientras, el fiscal ha pedido que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por la que se condena a todos los acusados no está "suficientemente motivada".

El ministerio público ha dado un tirón de orejas al presidente de la sala, Carlos Ollero Butler -ya retirado-, porque no devolvió el veredicto al jurado, tras comprobar que este no lo había motivado de manera adecuada pese a estar varios días reflexionando sobre el mismo. "El veredicto no explica porque considera que José Jonathan Fajardo Ospina culpable de los hechos que declara probados y ante tal carencia si la sala considera que tal motivación no puede ser suplida por el magistrado presidente, por lo que se produce la nulidad respecto al acusado", ha explicado el fiscal. Este considera que se ha incumplido el artículo 70,2 de la Ley Orgánica del Jurado, al no concretar la prueba de cargo.

"No pido la nulidad íntegra del pleito porque sería enormemente contraproducente. El juicio fue largo y con sesiones muy largas y además resultaría muy difícil o casi imposible citar de nuevo a algunos testigos, por lo que el nuevo juicio quedaría sin contenido alguno", ha añadido el fiscal, que ha pedido que se complete la sentencia firmada por Carlos Ollero.

Los abogados de las distintas defensas han reiterado uno a uno la nulidad del fallo de la Audiencia Provincial ya que entienden que la policía basó sus investigaciones en unas escuchas telefónicas de unas pesquisas iniciadas en Jaén por tráfico de drogas y que resultan ilegales para el asesinato de Leónidas Vargas. Han asegurado que no ha quedado acreditado el tráfico de llamadas entre los condenados y que pueden darse errores en los posicionamientos de los teléfonos móviles que fueron utilizados en el hospital 12 de Octubre la noche en la que fue asesinado de varios disparos el narcotraficante colombiano.

Los condenados, que no tienen derecho a intervenir en esta vista de apelación, han seguido toda la sesión desde la cárcel por videoconferencia. La sala de lo Civil y lo Penal, presidida por el magistrado y presidente del TSJM, Francisco Vieira, dispone ahora de 20 días para decidir si se repite el juicio o, por el contrario, es suficiente con redactar de nuevo y motivar la sentencia condenatoria.

En concreto, el ministerio público hace un repaso a lo largo de siete folios de exposición de las principales carencias para romper la presunción de inocencia de los acusados. En su opinión, se debería de haber incidido en la declaración de los dos investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, que hicieron una detallada exposición de cómo se articulaba la banda que acabó con el narcotraficante la tarde del 8 de enero de 2009. Para ello, considera que es necesario aportar el tráfico de llamadas del teléfono móvil que usaba el jefe de la organización, apodado Papi, y desde el que contactó con el resto.

El fiscal también se refiere en concreto a Yuli Carolina Rojas, la mujer que se encargó de contactar con el autor de los disparos, Jonathan Andrés Ortiz, cuando este se encontraba en Fuerteventura. Para ello, el magistrado debería haber aportado a la sentencia, según el ministerio público, las llamadas que hizo desde su móvil a un taxi que se dirigió a su domicilio en la calle de Londres, en Torrejón de Ardoz, y que desde ese mismo número contactó en varias ocasiones con Ortiz en los días previos al crimen.

El fiscal mantiene argumentos similares para el resto de los culpables, pero se centra en especial en Fajardo. En su opinión, no se explica de forma pormenorizada su culpabilidad ni su condena. "Se solicitó por esta parte tras la lectura del veredicto la devolución del mismo por insuficiente motivación, petición rechazada por el magistrado presidente y protestada debidamente", recuerda el ministerio público. "Por ello se solicita que se revoque la sentencia para que el magistrado la complemente y concrete la prueba de cargo de cada uno de los acusados y subsidiariamente la nulidad del veredicto", concluye el ministerio público en su escrito.