Gobierno y Junta se dan una prórroga de 15 días para lograr un acuerdo sobre el Guadalquivir

El Gobierno y la Junta, incapaces de cerrar un acuerdo sobre el Guadalquivir en los últimos seis meses, se han dado una prórroga de 15 días para intentar encontrar una solución. Así lo ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en Málaga. "Aceptamos la prórroga porque estoy convencido de que, tras las últimas conversaciones con el Gobierno, esta prórroga solucionará los problemas que tenemos ahora", ha señalado el presidente en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Lo que se ha prorrogado ha sido la encomienda de gestión transitoria que las dos administraciones acordaron el 7 de abril para sortear la inseguridad jurídica que supuso la sentencia del Constitucional. Tal y como se recoge en el texto de la encomienda su duración era de seis meses desde la fecha de su firma.

Los Gobiernos central y autónomo han sido incapaces en este tiempo de armar el rompecabezas legal del Guadalquivir. Hoy deberían haber encontrado una salida para la cesión a Andalucía de algunas funciones sobre las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad. Pero no hay acuerdo y se ha recurrido a la prórroga para seguir negociando.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, mostró ayer por la tarde el "malestar" y la "preocupación" de la Junta por no haberse cerrado el acuerdo. La portavoz andaluza culpó al Gobierno central, al que acusó de haber cambiado de postura: "En los últimos días se nos han trasladado problemas que no se habían puesto sobre la mesa antes". Por su parte, el departamento del vicepresidente segundo Manuel Chaves insistió en que el principal escollo es que "no se ha encontrado todavía" una fórmula legal viable para poder transferir a la Junta los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las funciones que se le cederían a Andalucía.

Todo nace de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de marzo, que declaró nulo el artículo del Estatuto andaluz que permitió el traspaso en 2009 a la Junta de todas las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno central cerraron una encomienda transitoria para evitar el limbo jurídico en el que se podría caer. Pero esa encomienda era por seis meses.

Las dos Administraciones debían encontrar en ese tiempo una solución legal para cumplir con la sentencia del Constitucional y para cubrir las aspiraciones de la Junta. A mediados de septiembre, cuando se celebró la última comisión bilateral entre la Junta y el Estado, el acuerdo parecía próximo. A través de la reforma de la Ley de Aguas, que el Ministerio de Medio Ambiente introdujo a toda prisa, Andalucía (al igual que las comunidades que así lo tengan contemplado en sus Estatutos) asumiría las labores de policía hidráulica en la cuenca. La idea inicial era que en el decreto por el que se encomendaban las labores de guardería también se introdujeran otras funciones como determinadas autorizaciones y cánones y la gestión de algunos embalses.

Moreno aseguró ayer que, "en los últimos días", el Gobierno ha planteado reparos legales (no económicos) a la cesión de las autorizaciones y pantanos. En esta negociación están implicados tres ministerios: el de Política Territorial (que lleva la voz cantante), el de Medio Ambiente (que tiene las competencias sobre el río) y el de Economía y Hacienda, que es el que parece que está poniendo más reparos.

"Queremos que se cumplan los acuerdos de la comisión bilateral", reclamó ayer Moreno en relación con las pegas para ceder las autorizaciones y embalses. Según la portavoz andaluza, hay hasta una docena de precedentes de cesiones similares a las comunidades