Rompecabezas legal en el Guadalquivir
Junta y Gobierno tienen cinco días para cerrar una solución sobre el río tras anularse el traspaso de competencias - El acuerdo se atasca en el difícil encaje jurídico
Traspaso de competencias, reversión de la transferencia y, de nuevo, cesión de la gestión de algunas funciones. Han bastado menos de tres años para que el Guadalquivir haga este recorrido de ida y vuelta entre Madrid y Sevilla. El primer traspaso a la Junta de las competencias sobre la parte de la cuenca del río que se extiende por Andalucía entró en vigor en 2009. Pero el viaje se truncó en marzo de este año, cuando el Tribunal Constitucional anuló el artículo del Estatuto andaluz que permitió la transferencia. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno cerraron a toda prisa una encomienda transitoria que permitió a Andalucía seguir manteniendo la gestión de unas competencias que volvieron al Estado.
La negociación se retrasa en la búsqueda de una "fórmula jurídica"
El problema del traspaso de los trabajadores complica la salida
El viernes caduca esa encomienda y las dos Administraciones siguen intentando encontrar una solución. Gracias a la reciente modificación de la Ley de Aguas, Andalucía puede asumir las funciones de policía hidráulica. Pero la Junta quiere que se le cedan otras tareas como la gestión de pantanos, la posibilidad de conceder algunas autorizaciones y la recaudación de algún canon. El problema, según el Ministerio de Política Territorial, es encontrar una buena "fórmula jurídica". Lo que se plantea es volver a realizar una encomienda a través de un real decreto. La dificultad reside también en la manera de encajar legalmente los medios materiales y humanos para desarrollar las funciones que se encomienden.
Este proceso de reversión y cesión de algunas tareas no se había realizado antes en España, señala el departamento de Manuel Chaves. De ahí los problemas que se están encontrando. Pero el embrollo es aún mayor cuando se baja al detalle. Por ejemplo, a los vehículos que se traspasaron con el decreto de transferencia. En algunos casos, se han dado de baja durante los tres últimos años, con lo que se complica la reversión.
Más difícil todavía resulta el problema de los trabajadores. En el decreto de traspaso de 2008 figuraba un listado con 849 puestos de funcionarios y laborales que pasaban de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la antigua Agencia Andaluza del Agua. Pero de esos 849 puestos, 147 estaban vacantes, es decir, la Junta asumió 702 trabajadores. Después de producirse el traspaso, la agencia del agua amortizó 114 puestos, con lo que finalmente se quedó con 735 empleados. ¿Cuántos trabajadores públicos tendría que devolver la Junta ahora? ¿Cuántos volverá a traspasar el Estado a Andalucía con el decreto que aún se está cerrando? Son algunas de las preguntas que llevan semanas intentando resolver los responsables de este rompecabezas.
El departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente entregó el miércoles a los sindicatos una simulación sobre cómo sería el reparto de empleados. Tras aplicar las correcciones por vacantes y amortizaciones el resultado era que Andalucía asumiría 489 de los 849 puestos que se transfirieron, lo que supone un 57,59%. Fuentes de este ministerio señalan que este reparto todavía no es el definitivo, ya que a finales de la semana pasada se estaba negociando aún.
La distribución de los trabajadores se hace en función de las tareas que finalmente asumirá cada una de las Administraciones. Pero hay casos en los que hay traspasos parciales. "Hay trabajadores que podrían ser o no transferidos", señala CC OO. En ese caso, el cambio es voluntario. De ahí el extraño correo electrónico que recibieron el martes varios centenares de empleados, según los cálculos de CSIF. Se les preguntaba si querían depender de la Junta o del Gobierno. El escrito se envió desde el correo de la Secretaría General de Agua de la Junta, pero iba sin membrete. Según el departamento de José Juan Díaz Trillo, la consejería solo hizo de intermediaria porque al que le compete realizar esa consulta es al Ministerio de Medio Ambiente.
Díaz Trillo volvió a repetir el viernes que la intención de la Junta no es prorrogar la actual encomienda transitoria. Y señaló que esta semana se deberá encontrar la solución. Primero se tendrá que reunir la comisión bilateral entre la Junta y el Gobierno. Luego, el Consejo de Ministros debería aprobar el decreto final.
Un agujero en las arcas públicas
La factura del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto andaluz todavía se está escribiendo. En el debe de la Administración autónoma ya se están anotando las primeras cifras, aunque harán falta meses para saber lo grande que es el agujero abierto en las arcas a la Junta de Andalucía.
Tras el fallo del Constitucional del pasado 16 de marzo de 2011 -que supuso que en junio el Supremo anulara el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir- algunos regantes y un grupo de abogados empezaron a moverse. Entendían que el pronunciamiento del Constitucional implicaba la anulación de todas las sanciones impuestas por la Junta, a través de la antigua Agencia Andaluza del Agua, desde enero de 2009, cuando se hizo efectivo el traspaso de competencias.
Esos letrados -entre los que figuran los despachos Gutiérrez Labrador, de Córdoba, y Francisco Calle, de Sevilla- han acudido a los tribunales. El resultado, según la Consejería de Medio Ambiente, ha sido dispar. Los juzgados han rechazado la anulación de las sanciones en algunos casos. Sin embargo, también hay jueces que se han mostrado receptivos y han suspendido las multas.
Uno de los primeros en hacerlo fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 8 de Sevilla, que ni siquiera esperó a la anulación formal en junio del decreto de transferencia por parte del Supremo para resolver este asunto. El magistrado Roberto Iriarte Miguel decidió el 20 de mayo anular las resoluciones administrativas de la Junta con las que se impuso en septiembre de 2009 una sanción de 8.464,77 euros al Consorcio de Aguas de Huesna, una empresa pública que agrupa los intereses de 22 municipios. El juez entendió que sí hay efectos retroactivos. Es decir, la antigua Agencia Andaluza del Agua era "manifiestamente incompetente" para expedientar y sancionar al consorcio por los vertidos en Alcolea del Río desde que se aprobó en 2007 el Estatuto andaluz con el artículo anulado. La defensa de la Junta sostenía que la competencia para multar se perdió solo a partir del momento en el que se pronunció el Constitucional en marzo de este año.
Esta sentencia del magistrado Iriarte, que la Junta sostiene que ha recurrido ante el Supremo, sirvió de base para otro fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Sevilla. En este caso se anuló otra sanción de 601,1 euros a una empresa privada, Hormigones y Bombeos Huevar. Entre los que se han visto beneficiados por el fallo del Constitucional también hay Ayuntamientos. Es el caso del de Puente Genil (Córdoba), que ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Sevilla anule otra sanción de 7.446,08 euros por realizar un vertido al arroyo Barranco del Lobo.
Estos fallos, que son firmes, han llegado tan pronto al tratarse de pequeñas sanciones que pueden acogerse a los procedimientos abreviados. Lo que ocurra con multas impuestas por la Junta durante estos últimos años y que superen los 60.000 euros tendrá que decidirlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que se dilatará en el tiempo. De ahí, lo complicado de cuantificar ahora el perjuicio del fallo del Constitucional para las arcas públicas.
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