Bloqueo en la negociación del Guadalquivir
La Junta acusa al Gobierno de impedir el acuerdo al plantear reparos de última hora - El ministerio de Chaves cree que aún no hay encaje legal para la cesión
![Manuel Planelles](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9cf52f91-a2c1-41ef-91a0-33bcb728b33d.jpg?auth=70e5471577f7932b47b43175377425fb5a9b8cc9a1dc2420f52a356dddf53ef6&width=100&height=100&smart=true)
Los Gobiernos central y autónomo han sido incapaces de armar el rompecabezas legal del Guadalquivir. Se habían dado de plazo hasta hoy para encontrar una salida para la cesión a Andalucía de algunas funciones sobre las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad. Pero no hay acuerdo y, salvo sorpresa de última hora, la Junta y el Gobierno parece que tendrán que prorrogar la encomienda de gestión que se aprobó el 7 de abril para seguir negociando.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, fue la encargada de mostrar ayer por la tarde el "malestar" y la "preocupación" de la Junta por no haberse cerrado el acuerdo. La portavoz andaluza culpó al Gobierno central, al que acusó de haber cambiado de postura: "En los últimos días se nos han trasladado problemas que no se habían puesto sobre la mesa antes". Por su parte, el departamento del vicepresidente segundo Manuel Chaves insistió en que el principal escollo es que "no se ha encontrado todavía" una fórmula legal viable para poder transferir a la Junta los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las funciones que se le cederían a Andalucía.
"Lo natural" ahora es prorrogar la encomienda, según Política Territorial
Todo nace de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de marzo, que declaró nulo el artículo del Estatuto andaluz que permitió el traspaso en 2009 a la Junta de todas las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno central cerraron una encomienda transitoria para evitar el limbo jurídico en el que se podría caer. Pero esa encomienda era por seis meses.
Las dos Administraciones debían encontrar en ese tiempo una solución legal para cumplir con la sentencia del Constitucional y para cubrir las aspiraciones de la Junta. A mediados de septiembre, cuando se celebró la última comisión bilateral entre la Junta y el Estado, el acuerdo parecía próximo. A través de la reforma de la Ley de Aguas, que el Ministerio de Medio Ambiente introdujo a toda prisa, Andalucía -al igual que las comunidades que así lo tengan contemplado en sus Estatutos- asumiría las labores de policía hidráulica en la cuenca. La idea inicial era que en el decreto por el que se encomendaban las labores de guardería también se introdujeran otras funciones como determinadas autorizaciones y cánones y la gestión de algunos embalses.
Moreno aseguró ayer que, "en los últimos días", el Gobierno ha planteado reparos legales -no económicos- a la cesión de las autorizaciones y pantanos. En esta negociación están implicados tres ministerios: el de Política Territorial -que lleva la voz cantante-, el de Medio Ambiente -que tiene las competencias sobre el río- y el de Economía y Hacienda, que es el que parece que está poniendo más reparos.
"Queremos que se cumplan los acuerdos de la comisión bilateral", reclamó Moreno en relación con las pegas para ceder las autorizaciones y embalses. Según la portavoz andaluza, hay hasta una docena de precedentes de cesiones similares a las comunidades.
Ante este bloqueo, "lo lógico y natural" es que se prorrogue la actual encomienda de gestión, según el Ministerio de Política Territorial. Lo que se plantea es conceder entre 15 días y un mes más para lograr encajar las piezas. La otra opción -salvo que los dos Gobiernos cierren un acuerdo en el último segundo- es que todas las competencias y medios vuelvan al Estado.
![La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, antes de comparecer ayer por la tarde en Sevilla.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/FYZXA4GTSBR42UE64HYJ6VKA2A.jpg?auth=5910567d86e707ffe22adef68fcdfd2877182cc32ddcb16c068690bbbf43e45f&width=414)
Cronología
- Febrero de 2007. Se aprueba en referéndum el nuevo Estatuto de Autonomía. El artículo 51 señala que Andalucía "ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución".
- Junio de 2007. Extremadura recurre el nuevo Estatuto andaluz. Considera que es contrario a la Constitución, donde se reconoce que las competencias son exclusivas del Estado para las aguas de los ríos que discurren por más de una comunidad.
- Septiembre de 2008. Se firma el acuerdo de traspaso de las competencias del Guadalquivir. Esa transferencia entra en vigor en enero de 2009. Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas en manos del PSOE entonces, recurren el decreto de traspaso ante el Supremo, que paraliza la causa a la espera del Constitucional.
- Marzo de 2011. El Constitucional anula el artículo 51 del Estatuto que permitió la transferencia de competencias.
- Abril de 2011. La Junta y el Gobierno firman una encomienda transitoria para que Andalucía siga gestionando las competencias a pesar de la sentencia. Se trata de dar seguridad jurídica a la cuenca. La encomienda tiene una duración de seis meses, tiempo en el que las dos Administraciones se comprometen a encontrar una solución definitiva.
- Junio de 2011. El Supremo anula también el decreto de transferencia de 2008.
- Septiembre de 2011. El Gobierno y la Junta acuerdan que Andalucía asuma las labores de policía de aguas en la cuenca, algunas autorizaciones y cánones y la gestión de embalses.
- 7 de octubre de 2011. La encomienda transitoria finaliza sin que se cierre la solución definitiva.
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