Bloqueo en la negociación del Guadalquivir

Los Gobiernos central y autónomo han sido incapaces de armar el rompecabezas legal del Guadalquivir. Se habían dado de plazo hasta hoy para encontrar una salida para la cesión a Andalucía de algunas funciones sobre las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad. Pero no hay acuerdo y, salvo sorpresa de última hora, la Junta y el Gobierno parece que tendrán que prorrogar la encomienda de gestión que se aprobó el 7 de abril para seguir negociando.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, fue la encargada de mostrar ayer por la tarde el "malestar" y la "preocupación" de la Junta por no haberse cerrado el acuerdo. La portavoz andaluza culpó al Gobierno central, al que acusó de haber cambiado de postura: "En los últimos días se nos han trasladado problemas que no se habían puesto sobre la mesa antes". Por su parte, el departamento del vicepresidente segundo Manuel Chaves insistió en que el principal escollo es que "no se ha encontrado todavía" una fórmula legal viable para poder transferir a la Junta los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las funciones que se le cederían a Andalucía.

"Lo natural" ahora es prorrogar la encomienda, según Política Territorial

Todo nace de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de marzo, que declaró nulo el artículo del Estatuto andaluz que permitió el traspaso en 2009 a la Junta de todas las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno central cerraron una encomienda transitoria para evitar el limbo jurídico en el que se podría caer. Pero esa encomienda era por seis meses.

Las dos Administraciones debían encontrar en ese tiempo una solución legal para cumplir con la sentencia del Constitucional y para cubrir las aspiraciones de la Junta. A mediados de septiembre, cuando se celebró la última comisión bilateral entre la Junta y el Estado, el acuerdo parecía próximo. A través de la reforma de la Ley de Aguas, que el Ministerio de Medio Ambiente introdujo a toda prisa, Andalucía -al igual que las comunidades que así lo tengan contemplado en sus Estatutos- asumiría las labores de policía hidráulica en la cuenca. La idea inicial era que en el decreto por el que se encomendaban las labores de guardería también se introdujeran otras funciones como determinadas autorizaciones y cánones y la gestión de algunos embalses.

Moreno aseguró ayer que, "en los últimos días", el Gobierno ha planteado reparos legales -no económicos- a la cesión de las autorizaciones y pantanos. En esta negociación están implicados tres ministerios: el de Política Territorial -que lleva la voz cantante-, el de Medio Ambiente -que tiene las competencias sobre el río- y el de Economía y Hacienda, que es el que parece que está poniendo más reparos.

"Queremos que se cumplan los acuerdos de la comisión bilateral", reclamó Moreno en relación con las pegas para ceder las autorizaciones y embalses. Según la portavoz andaluza, hay hasta una docena de precedentes de cesiones similares a las comunidades.

Ante este bloqueo, "lo lógico y natural" es que se prorrogue la actual encomienda de gestión, según el Ministerio de Política Territorial. Lo que se plantea es conceder entre 15 días y un mes más para lograr encajar las piezas. La otra opción -salvo que los dos Gobiernos cierren un acuerdo en el último segundo- es que todas las competencias y medios vuelvan al Estado.