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La fiscalía recurre la imputación del jefe anticorrupción de los Mossos

Puig mantiene la defensa de la actuación 'impecable' del mando

El juez de Barcelona que investiga una presunta trama de corrupción en el seno de los Mossos d'Esquadra se queda cada vez más solo. En una decisión muy poco habitual, la fiscalía ha decidido recurrir el auto en el que el juez Joaquín Aguirre llama a declarar como imputados a seis mossos por encubrir a una banda de narcotraficantes. Entre esos imputados está el jefe anticorrupción de la policía autonómica, el subinspector Antoni Salleras. El fiscal anticorrupción Emilio Sanchez-Ulled considera que no existen indicios suficientes para sostener la imputación de Salleras y los hombres de su unidad, según han confirmado a este diario fuentes judiciales. La acusación pública se desmarca así de la línea seguida en este caso por Aguirre, quien ha acusado a los investigadores que antes tenía a sus órdenes de ocultarle información clave para encubrir a miembros de la banda.

El mando imputado, Antoni Salleras, habría dirigió, bajo las órdenes del juez que ahora le acusa, la investigación contra una red de poca monta dedicada al tráfico de cocaína. En esas pesquisas aparecieron implicados un confidente policial y tres mossos.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera ahora que Salleras y sus hombres le ocultaron información para proteger a los miembros de la banda y policías sospechosos, y alertarles de que estaban siendo investigados. "Subvirtieron el orden jerárquico para eludir la imputación de personas", razona en su auto, donde añade que algunas conversaciones importantes grabadas por la policía "no fueron transcritas" ni entregadas. Aguirre imputa a Salleras una serie de delitos: "Omisión del deber de perseguir delitos, ocultación de documentos, revelación de secretos, falsedad en documento público, obstrucción a la justicia y encubrimiento o, en su caso, tráfico de estupefacientes".

El caso ha desatado una agria batalla entre Aguirre, la cúpula de los Mossos -que ve una "caza de brujas"- y el propio Departamento de Interior. Felip Puig defendió ayer la trayectoria "impecable, intachable", de los seis policías (el citado subinspector, dos sargentos, dos cabos y un agente). "Se demostrará que son inocentes", reiteró en rueda de prensa. Interior prestará apoyo legal a los agentes, añadió.

Fuentes policiales se sumaron a la defensa de la "integridad" de los investigadores y atribuyeron las imputaciones a una vendetta contra la labor "incómoda" de Salleras (condecorado con una medalla de bronce y 11 felicitaciones del cuerpo policial). El subinspector y su equipo lideraron dos operaciones en las que se han visto implicados mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Esas mismas fuentes añaden que las sospechas derivan de un desencuentro con el juez, que ordenó verbalmente pinchar unos teléfonos de la Guardia Civil. Los agentes pidieron que lo solicitase por escrito, algo que el juez nunca hizo.El caso tuvo un comienzo extraño. El 28 de mayo de 2009, el delincuente Juan Miguel Bono sacó, del maletero de un coche aparcado en Barcelona, 40 kilos de cocaína de una compraventa. Así lo hizo constar la Guardia Civil en su atestado. Pero le habían estafado. La mercancía resultó ser, en su inmensa mayoría, yeso y azúcar. El juez Aguirre imputó a diversos guardias por esas irregularidades y encargó a Salleras y su equipo que investigaran la transacción fallida.

Los pinchazos telefónicos llevaron hasta Manuel Gutiérrez Carbajo, un personaje central en la historia. Además de estar considerado líder de los traficantes, Carbajo es un confidente que destapó dos casos graves de corrupción policial. El primero es el de una trama de extorsión y sobornos en torno a los macroprostíbulos Riviera y Saratoga, en Castelldefels, que arrastró a mandos de la policía. El segundo es el de una red que robó 400 kilos de cocaína del puerto de Barcelona y que contó con la cobertura de, entre otros, un teniente coronel de la Guardia Civil. En la resolución de esos dos casos desempeñó un rol clave, precisamente, Salleras.

Además de Carbajo, que está en libertad provisional, en las conversaciones se cita a Charly, apodo de otro subinspector de Mossos que ejercía como subjefe de la comisaría de Vilanova, Josep Ranea. En su auto de imputación, el juez critica que Salleras y sus hombres no investigaron "ni mínimamente" la relación entre ambos. Y añade que todo cambió radicalmente cuando dio entrada a la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos, que "descubría cada día nuevos indicios" de culpabilidad.

La DAI detuvo a una docena de miembros de la banda. También arrestó a Ranea, que según el juez "cobraba 1.000 euros al mes del grupo criminal" a cambio de facilitarle información confidencial. Otros dos mossos fueron arrestados, también por colaborar con los delincuentes.

Los mandos policiales mostraron ayer su sorpresa por el "tono" del auto judicial. Aguirre recuerda que él es la autoridad y que los policías están a sus órdenes. "Un Estado en el que la policía decide qué delitos y personas ha de investigar la autoridad judicial dista mucho de ser un Estado democrático de derecho", afirma. El juez insiste en que es él quien debe elegir las conversaciones relevantes del caso, lo que supone una garantía para el acusado, pero "no una patente de corso para que la policía incluya o excluya lo que le parezca".

El juez arremete contra la "ineficacia" de la unidad de Salleras y denuncia el elevado "coste económico" que supone para no obtener, en su opinión, resultados. Aguirre asegura que Salleras, que declarará como imputado el próximo miércoles, "no cumplimentó" sus requerimientos "por dos veces, en mayo de 2010".