La fiscalía ve "especulaciones" en la imputación de seis 'mossos'

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled considera que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se ha basado en "especulaciones y conjeturas" para imputar a seis Mossos d'Esquadra por una ristra de delitos, como obstrucción a la justicia o tráfico de drogas. Entre los imputados está el jefe anticorrupción de la policía autonómica, el subinspector Antoni Salleras.

En su recurso contra la decisión del juez de imputar a los policías, el fiscal critica que Aguirre se valga de suposiciones que "se elevan a la categoría de indicio" para atribuir "graves delitos" a los agentes. Y asegura que "no hay elementos para afirmar" que los Mossos ocultaron información al juez de forma "deliberada para proteger a alguien o eludir la imputación de otras personas".

Sánchez-Ulled añade que la División de Asuntos Internos (DAI) del cuerpo tampoco acusa a los agentes de los delitos que el juez sí les atribuye. El fiscal considera que sí se produjo "una cuestionable selección policial respecto de las conversaciones que merecían ser transcritas". Estaba previsto que hoy y mañana declarasen los agentes imputados por encubrir, supuestamente, a una banda de narcotraficantes. Pero el juez ha suspendido las sesiones a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva el recurso.

El fiscal argumenta que las imputaciones "carecen de fundamento suficiente" y que por eso no es necesario esperar a oír sus declaraciones. Segú el fiscal, el relato del juez se basa en "circunstancias que no son del todo exactas". "Llama poderosamente la atención, dicho desde el respeto al juzgado de instrucción, que se dicte un auto tan contundente en las formas (...) atribuyendo evidencias supuestamente incontestables de corrupción a determinados funcionarios policiales, cuando la propia DAI de los Mossos que investiga los hechos en ningún momento ha puntado" que Salleras y sus hombres "pudieran haber cometido hechos delictivos".

El escrito repasa el caso desde sus orígenes, con la incautación, en mayo de 2009, de 40 kilos de cocaína por parte de la Guardia Civil, que había recibido una alerta de un guardia urbano de Barcelona. La mercancía, sin embargo, resultó ser en su gran mayoría yeso y azúcar. Esa anomalía llevó al juez Aguirre a sospechar de la actuación de los guardias y a encomendar una investigación de los hechos a los Mossos d'Esquadra. La encargó, precisamente, a la unidad adscrita de la policía autonómica dirigida por el ahora imputado Salleras.

La investigación avanzó y los asuntos internos de los distintos cuerpos, que se sumaron a las pesquisas, descubrieron indicios de la colaboración con la banda de narcos de mossos d'esquadra, guardias civiles y policías nacionales. Esas relaciones se investigan en piezas separadas que, por ahora, se han saldado con la imputación de una docena de guardias -acusados de falsificar los atestados- y de tres mossos; entre ellos, el subinspector Josep Ranea, acusado de estar a sueldo de la organización a cambio de facilitarle información.

La reciente imputación de Salleras y sus hombres se deriva de la causa principal, es decir, la que se dirigió para intentar averiguar la verdad de la operación de tráfico de drogas. En el recurso de apelación, de 22 páginas, el fiscal concluye que los mossos no tuvieron intención de ocultar nada y que en sus investigaciones ya dejaron constar las relaciones entre algunos de los miembros de la banda implicados. Si los agentes de Salleras no fueron más allá fue, sigue el escrito, porque en ese momento no tenían más indicios para mostrárselos al juez.

Sánchez-Ulled cita un encuentro entre Ranea y el propio Salleras, del que Asuntos Internos "no extrae ninguna consecuencia", "acaso porque se desconoce el contenido de lo hablado entre dos funcionarios que probablemente se conocen, y porque nada más inducía a la sospecha". El fiscal reprocha la actuación policial por su "cuestionable selección" de las conversaciones transcritas al juzgado. "Resulta francamente sorprendente que no se transcribieran, (...) algo se hizo mal en la gestión policial de las intervenciones telefónicas". Por ejemplo, se consideró que algunas conversaciones eran irrelevantes cuando sí tenían interés, admite el fiscal.

Pero de ahí no se deduce, insiste la acusación pública, que los policías pretendieran encubrir a los implicados. Entre ellos está el confidente policial Manuel Gutiérrez Carbajo, cuyo testimonio ha permitido desbaratar dos grandes tramas de corrupción policial: una, de extorsión, ligada a los macroprostíbulos Riviera y Saratoga; otra, de tráfico de drogas, relacionada con el robo de 400 kilos de cocaína de un contenedor del puerto de Barcelona. "Para saltar lógicamente del reproche meramente técnico-profesional sobre una actuación posiblemente errónea, al reproche jurídico-penal a la misma, se necesita algo más que la indignación tan literariamente descrita" por el juez Aguirre.