La policía registra el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante por el "caso Brugal"
Los agentes se incautan de documentos referentes al Plan General de Ordenación Urbana
Agentes de la Policía Judicial registraron ayer, durante casi siete horas, el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo.
El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.
Los agentes informaron de que se trataba de una "inspección rutinaria" ordenada por el juzgado que se efectuó en estas oficinas, en la Casa Salvetti de la calle Castaños de Alicante. Según fuentes del caso la Policía se llevó abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros, según publican hoy los diarios Información y La Verdad.
El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.
Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.
En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente al empresario Enrique Ortiz.
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