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El 'caso Gürtel'

El juez rechaza las alegaciones de Camps y convoca el acto previo a sentarlo en el banquillo

El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo se reuniera con el dueño de la tienda

El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama Gürtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupción.

El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.

El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.

Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.

El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas. Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relación.

El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.

El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.

Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.

La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la orden a la vista preliminar.

El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.

Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.