El inspector municipal de Barcelona admite que se lucró tramitando licencias

El inspector del Ayuntamiento de Barcelona Eduardo C., principal acusado de una presunta trama corrupta para la tramitación de expedientes municipales, ha admitido hoy que gestionó licencias de locales de ocio a través de su despacho particular, aunque ha defendido la legalidad de las mismas.

La Fiscalía y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona piden cinco años y siete meses de prisión para el funcionario municipal Eduardo C., inspector de licencias del distrito del Eixample que desde hoy se sienta en el banquillo de la Audiencia de Barcelona junto a otros siete presuntos implicados en una presunta trama corrupta para la concesión de permisos municipales a locales de ocio de la capital catalana. Entre los procesados figuran, además de Eduardo C., un ex funcionario municipal, dos abogados y varios ingenieros industriales, entre ellos Joaquín Q., imputado en otras dos causas judiciales: la de la trama de corrupción vinculada a los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona) y la de las irregularidades en la tramitación de expedientes de apartamentos turísticos del barrio barcelonés de Ciutat Vella.

La Fiscalía acusa al inspector Eduardo C. de haber facilitado o agilizado, con la ayuda del resto de implicados, la concesión de licencias a propietarios de locales de ocio de Barcelona que él mismo había tramitado a través de su despacho de ingeniería particular, pese a la incompatibilidad de ambos trabajos.

En su declaración ante el tribunal, el principal acusado ha admitido haber realizado desde su despacho particular proyectos técnicos para propietarios de locales de ocio de Barcelona, pese a que existía incompatiilidad entre ese trabajo y su cargo de funcionario municipal.

El funcionario ha admitido que hizo firmar algunos de esos proyectos a su cuñado, propietario de una empresa de instalaciones, porque él no podía rubricar los expedientes dada su condición de funcionario, pero ha insistido en que las licencias que concedió desde el ayuntamiento eran legales, como lo demuestra el hecho de que posteriormente ninguna de ellas ha sido revocada.

Eduardo C. ha recalcado que en esos expedientes "nunca hubo comisiones, ni pagos, ni licencias falsas" y ha negado que facilitara información reservada a propietarios de locales de ocio y que desde su cargo público maniobrara para sacar adelante licencias municipales de clientes particulares que estaban encalladas.

Por su parte, el ingeniero Joaquín Q. ha negado que se concertara con Eduardo C. para la aprobación de licencias de locales de ocio de algunos de sus clientes y ha recalcado que conocía al inspector como conoce "a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona", tras 30 años dedicados a la tramitación de expedientes de locales de ocio.

"Yo he realizado el 99% de las licencias de los hostales de Barcelona", se ha jactado Joaquín Q., tras insistir en que se limitaba a sacar adelante los expedientes de sus clientes y a "machacar al ayuntamiento", sin haber recurrido en ninguna ilegalidad para conseguirlo. El ingeniero se ha escudado en esa insistencia ante los técnicos de licencias del consistorio para justificar las 18 llamadas telefónicas que, según consta en la causa, intercambió con Eduardo C. a lo largo de abril de 2004. "Mi teléfono lo tiene medio Ayuntamiento de Barcelona", ha remachado.

En la sesión de hoy ha declarado también el ex cuñado del principal imputado, que ha negado cualquier relación con la trama y se ha limitado a aclarar que firmaba los proyectos para la obtención de licencias por "confianza y familiaridad" con el inspector, así como con el exfuncionario de Barcelona, que ha explicado que ejercía de "comercial" poniendo en contacto a empresarios con Eduardo C. de cara a la tramitación de expedienes. Para el resto de imputados en la trama, la Fiscalía pide penas de entre dos años y siete meses y dos años y ocho meses de prisión.