Seis funcionarios aragoneses y varios empresarios, imputados por cohecho y prevaricación

El director del servicio provincial de Industria de Zaragoza, F. J. H. G., ha sido imputado, junto a otras 12 personas, por los delitos de prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. Entre los demás implicados, se encuentran tres familiares directos del director, otros cinco funcionarios de la Diputación General de Aragón (DGA) que han estado o están vinculados con el Servicio Provincial de Industria Comercio y Turismo, y cuatro empresarios del sector de la minería, según la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Las investigaciones se iniciaron en el Gobierno aragonés en mayo del año 2006, a raíz de la denuncia que un particular remitió al consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, por presuntas irregularidades. Tras la apertura de expedientes administrativos, suspensiones de empleo y sueldo, el organismo continuó investigando.

En 2008, se dio traslado a la fiscalía de todos los informes realizados por los propios órganos de control del Gobierno regional, dependientes de la Dirección General de Minas y de la Secretaría General Técnica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en los que se ponían de manifiesto las irregularidades detectadas, más allá de la mera responsabilidad administrativa, tras la inspección de diversos expedientes mineros, que afectaban tanto en materia minera, como medioambiental y de seguridad laboral.

La investigación policial, en el marco de la llamada Operación Minas, ha sido llevada a cabo por miembros del Grupo de Blanqueo de Capitales, perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial. Ha contado con la supervisión de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y con la colaboración puntual de la Diputación General de Aragón.