El Ayuntamiento estudia recurrir judicialmente la Ley de la Cañada

La Cañada Real puede abrir un nuevo frente entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos del consistorio han comenzado a estudiar la posible inconstitucionalidad del proyecto de Ley de la vía pecuaria -aprobado el pasado lunes por la Asamblea de Madrid- por invadir las competencias municipales. "Tenemos dudas acerca de que su redacción sea plenamente constitucional, y eso es algo que los servicios jurídicos están estudiando. Tenemos la certeza de que la pretensión de que recalificar en residencial todo el tramo de la Cañada es inviable, no porque los ayuntamientos queramos o no, sino que las leyes lo hacen inviable", ha dicho esta mañana la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez.

Y ha argumentado: "Hay leyes que dicen que no se puede construir a dos kilómetros del vertedero de Valdemingómez. La propia Ley del Suelo exige que para calificar un suelo como residencial hay que incorporar redes, equipamientos, hay que liberar las calles para hacer equipamientos. Está la M-50, el AVE... Todo impide que haya una ordenación urbanística". "Esta no es la ley que a los ayuntamientos nos habría gustado" porque no garantiza una solución a los problemas sociales de los habitantes del poblado, ha dicho esta mañana la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, que, en todo caso, ha afirmado que esperará "hasta el último minuto y también después" para alcanzar un consenso con la Comunidad de Madrid en torno a esta ley.

"Que nadie se haga ilusiones"

El texto, que será ratificado definitivamente por el pleno del 10 de marzo, fija un plazo de dos años para que las administraciones implicadas solucionen los problemas sociales y urbanísticos de la Cañada, donde viven unas 20.000 personas. Si transcurrido ese periodo no se ha conseguido una solución, la Comunidad de Madrid podrá disponer libremente del suelo. Tanto PSOE como IU votaron en contra del dictamen. IU se opone a una hipotéctica venta futura del suelo y a posibles "maniobras especulativas", mientras que el PSOE considera que esta ley sólo sirve para pasar la "patata caliente" a los ayuntamientos implicados. El Ejecutivo de la capital asegura que el proyecto de Ley no tiene en cuenta diferentes normativas nacionales y europeas sobre dónde se pueden asentar usos residenciales, ya que condicionantes como la existencia de varias autovías, de gaseoductos, de la línea del AVE o incluso del vertedero de Valdemingómez dejará muy pocos espacios donde se puedan levantar viviendas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid también anunció ayer en un comunicado que está estudiando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la futura ley si ésta finalmente es aprobada por el Pleno de la Asamblea. Su alcalde, José Masa (IU), ha asegurado hoy en un nuevo comunicado que "no existe ninguna posibilidad de que se legalice, en su término municipal, ninguna de las edificaciones ilegales que se han levantado durante estos años en la Cañada Real", con el objetivo de que "nadie albergue falsas expectativas sobre una opción futura de legalizar su vivienda".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, preguntado por el hecho de que ambos ayuntamientos estén estudiando la constitucionalidad de la ley, ha dicho que "si alguien no quiere encontrar una solución" al problema "tendrá que explicar por qué". Además ha insistido que el plan propuesto es el "mismo" por el que apuestan los vecinos que, según ha dicho, ya han manifestado su apoyo.

González ha reiterado que lo que propone el Gobierno regional es resolver un problema "que lleva 50 años sin meterle nadie mano" y que la única manera que este Ejecutivo cree que se puede arreglar es "asignando derechos a los ciudadanos". "Hay mucha gente allí que lleva muchos años asentada, que tiene situaciones consolidadas que se pueden regularizar perfectamente... otras no", ha matizado.