La Comunidad dice que buscó hasta ayer un acuerdo con Gallardón e IU sobre la Cañada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid intentó hasta ayer llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital y con IU antes de que el PP aprobara en solitario en la Asamblea el dictamen sobre la Ley de la Cañada Real Galiana, según ha explicado esta mañana el portavoz popular David Pérez. Es el mayor asentamiento irregular de Europa: una calle de 14 kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho en la que viven unas 40.000 personas, según los Ayuntamientos afectados (Madrid, Rivas y Coslada), aunque el Ejecutivo regional reduce la cifra a 14.000. Con la nueva norma, el PP pretende desafectar el suelo, es decir, que la vía pecuaria pase de estar considerada de dominio público a bien patrimonial propiedad de la Comunidad de Madrid, que podrá "enajenar, ceder, permutar o cualquier otro negocio jurídico, preferentemente a los Ayuntamientos", según el texto normativo.

"La Comunidad ha estado agotando las posibilidades de llegar a un acuerdo; ayer mismo estaba reunida con Izquierda Unida y el Ayuntamiento de Madrid, porque la Comunidad nunca ha dejado de intentar acercar posiciones, pero se ha topado con la falta de disposición al acuerdo", ha afirmado. David Pérez ha respondido así al portavoz de IU, Gregorio Gordo, que ha denunciado el "absoluto desprecio" que ha mostrado el Gobierno regional hacia los ayuntamientos afectados (Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamdrid), al aprobar su proyecto de ley sin consenso con ellos.

Apelaciones a "la cordura"

Gordo ha destacado además que en cada uno de esos municipios el alcalde es de un signo político -en Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón en Madrid (PP), Ángel Viveros en Coslada (PSOE) y José Masa en Rivas-Vaciamadrid (IU)- y ha apelado a la "cordura" del Ejecutivo autonómico para que siga intentando el acuerdo hasta la aprobación definitiva de la ley el próximo 10 de marzo. "Yo no cerraría la puerta del acuerdo antes del 10 de marzo. En Izquierda Unida seguimos abiertos al acuerdo, porque al final son los ayuntamientos los que van a tener que gestionar esa situación", ha argumentado Gordo en declaraciones tras la Junta de Portavoces.

Pérez, que ha culpado al PSOE de la falta de acuerdo político, ha sostenido que fueron los ayuntamientos los que "se desmarcaron" del proyecto regional, guiados por "enfoques interesados" o por "intereses partidistas". A su juicio, los "puntos de desacuerdo" con los ayuntamientos son el "plazo" de dos años que fija la ley para que las administraciones solucionen los problemas de la Cañada y el "aspecto social". "El asunto social es prioritario para la Comunidad, pero a algunos sólo les interesa el aspecto urbanístico", ha apuntado el parlamentario del PP, tras advertir de que a los miembros de su grupo no les "da la gana renunciar ni a un plazo ni a un compromiso social que preside determiadas actuaciones".

A ese respecto, ha asegurado que la Comunidad va a "seguir adelante" con su proyecto y se ha mostrado convencido de que "todos al final acabarán sumándose" y de que a los ayuntamientos les "falta la visión regional y el compromiso social que sí tiene la Comunidad". Tras la aprobación definitiva de la ley, el siguiente paso será "constituir un foro para estudiar todos los casos y darles una solución uno a uno, hasta dar al final con la solución global para la Cañada", ha indicado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha anunciado en un comunicado que está estudiando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la futura Ley de la Cañada Real Galiana si ésta finalmente es aprobada por el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde se presentará el proyecto el próximo día 10 previsiblemente. "Ante esta decisión, que supone un incumplimiento flagrante del espíritu de consenso que ha impregnado las reuniones que se han tenido en los últimos años entre las partes, el Ayuntamiento de Rivas ratificará en los tribunales ordinarios las denuncias que ya ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha anunciado.