Interior indemnizará con 3.000 euros a un turista encarcelado por error
La resolución llega fuera de plazo y difiere en gran medida de la cuantía solicitada por la defensa de la víctima, que reclama 50.000 euros por los daños
Juan Enrique Tena Martín se ha borrado del sistema. Ha desaparecido cualquier referencia a la orden de búsqueda y captura que emitió por error la Audiencia Nacional y los cinco días que pasó en el penal de Albolote (Granada) durante la Semana Santa de 2009, ya tienen un precio: 3.000 euros.
El Ministerio del Interior ha reconocido el daño causado a este turista madrileño que fue detenido en un hotel de Granada por un error en la base de datos de la Guardia Civil, donde sus datos personales aparecían confundidos con los de un prófugo, que en realidad llevaba más de dos meses en prisión.
Nadie puede devolverle los días que pasó entre rejas, pero ahora tratan de subsanar el error en los juzgados e incluso eso le ha llegado tarde. La Administración tenía seis meses para contestar a la demanda de Tena, pero el plazo venció en marzo y el denunciante tuvo que acudir a la vía de lo contencioso adminsitrativo, sin que la respuesta llegara hasta hace una semana y media escasa.
"Lo más importante es que la decisión judicial ponga en evidencia que se produjo una "concatenación de errores". La Policía, la Guardia Civil, el juzgado e Instituciones Penitenciarias son culpables de que Juan Enrique Tena acabara en prisión", dice decidida María José López, la abogada del madrileño.
Su cliente necesitó tratamiento psiquiátrico para superar el trauma y eso lo mantuvo alejado de su puesto como ATS en un hospital de la capital durante dos meses y medio. "Su rostro salió en los medios asociado a un delincuente. Eso supone un shock que también hay que cuantificar", señala la letrada. López ha recurrido la sentencia e insiste en que los 600 euros por día encarcelado (3.000 euros en total) que se han fijado son insuficientes. En su lugar, piden que esta cantidad se eleve hasta alcanzar los 50.000 euros. "Eso serviría para cubrir los costes del servicio jurídico, los gastos que le supuso su baja laboral y los daños morales que van más allá del tiempo que estuvo privado de libertad", argumenta la abogada.
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