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El juez imputa seis delitos al alcalde de Cee

Fianza de 29.000 euros al regidor para evitar la cárcel.- Detenidos un edil de Obras y la secretaria de Mazaricos

Nuevo giro en la Operación Orquesta contra la corrupción en la Costa da Morte que dirige el juez de Corcubión Andrés Lago Louro. Ya son once los implicados por el momento. Tres personas fueron detenidas ayer por su presunta implicación en una trama en la que ya están imputadas por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho los alcaldes de Cee, Mazaricos y Fisterra, dos concejales de este último ayuntamiento y tres empresarios de la zona. El edil de Obras de Cee, Juan Bautista Areas Lestón, conocido como Gandiño, fue detenido ayer en el propio juzgado. Y tras ser detenida y comparecer ante el juez, quedó en libertad provisional la secretaria del Ayuntamiento de Mazaricos. Anoche el juez Lago cursó la orden de detención de otra persona que, según Europa Press, es una empleada de la constructora Ogando, de Muxía.

El alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, detenido el lunes, tiene hasta las tres de la tarde de hoy para depositar una fianza de 29.000 euros y quedar en libertad provisional. Se le imputan los mismos cargos que sus hómologos de Fisterra y Mazaricos, ambos también diputados provinciales del PP. Pero Vigo es además acusado de fraude a la Hacienda Pública, malversación y falsedad documental. Por eso el juez le impuso una fianza tan alta, a diferencia de los otros cuatro ediles del PP, que, sin depositar ninguna cantidad, tienen prohibido salir de España y deben comparecer cada 15 días en el juzgado. El edil de Obras detenido anoche es también también de Independientes por Cee, que gobiernan en coalición con el PSdeG.

El presunto pago de comisiones a cargos públicos a cambio de obtener contratos de obras o beneficios económicos se encuentra en el meollo del caso de corrupción. Están también en entredicho en esta operación Orquesta la financiación de las fiestas patronales en estas pequeñas localidades de la Costa Morte. En Cee no hay factura alguna que justifique cómo se pagaron y cuánto costaron las fiestas anuales de A Xunqueira, que se celebran en agosto. Al empresario de espectáculos y organizador de fiestas Jorge López Lago, detenido también el pasado lunes y que pasó todo el día de ayer en el juzgado, se le impuso una fianza de 6.000 euros para quedar en libertad provisional. Amigo del alcalde de Cee, es acusado de los delitos de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

El juez Lago, en el registro del Ayuntamiento de Cee que llevó a cabo el pasado lunes, no encontró documento alguno que justifique cómo se pagaron las actuaciones de los cantantes Manolo Tena y María Dolores Pradera, orquestas de verbena y otros grupos que amenizaron los seis días de las fiestas de A Xunqueira. No obstante, tiene constancia, a través de conversaciones telefónicas grabadas entre los imputados, de la entrega de dinero sin declarar al fisco. Hasta 29.000 euros recibió el alcalde de Cee de uno de los tres empresarios ahora imputados en la Operación Orquesta.

En los despachos del ayuntamiento solo aparecen debidamente justificadas los 42.000 euros que Cee dedicó de su presupuesto municipal en 2010 ?fue un 30% menos que la partida de 2009? para las fiestas. Pero no hay rastro del resto del dinero ni cómo se consiguieron los 150.000 euros que, aproximadamente, se calcula que deberían costar en total esos seis días de celebraciones.

Todo es dinero sin declarar. Tanto el que se recauda de atracciones, barracas, comerciantes y vecinos o los ingresos por la publicidad que llevaba la revista de la programación de las fiestas, como el que se pagó a estos artistas por sus actuaciones. La interventora municipal ya había advertido en un reciente informe de la ilegalidad que suponía que no se fiscalizasen las fiestas, ni antes ni después de celebrarse. En las arcas municipales solo aparece consignado que se ingresaron el año pasado 800 euros como pago de la tasa que abonan los feriantes por el espacio que ocupan sus atracciones. Una recaudación "escandalosamente baja", destacaba la interventora.

El alcalde, Ramón Vigo, tanto en los dos años que fue socio de Gobierno del Partido Popular ?entre 2002 y 2003? como ahora gobernando con el PSdeG desde 2007, puso como condición innegociable para el acuerdo ocuparse personalmente de la comisión de fiestas en ambas etapas. Contó con la ayuda del empresario de espectáculos Jorge López Lago, también imputado. Este último se ocupa de la contratación de los artistas y de organizar su viaje y estancia en el municipio. Nadie sabe cuánto dinero recaudaba la comisión de fiestas, ni cómo y cuántos pagos realizaba.

Los cinco alcaldes y ediles detenidos el lunes siguieron todos la misma estrategia cuando comparecieron ante el juez de Corcubión: se acogieron a su derecho a no declarar para no contestar a ninguna de las preguntas que se les formuló. Según comentaron ayer los abogados de varios de estos cargos públicos imputados, desconocen los detalles de las acusaciones que el juez les imputa.

La investigación de esta trama, iniciada en 2009 bajo secreto sumarial, comenzó por casualidad al aparecer indicios de corrupción en una de las conversaciones telefónicas que estaban siendo grabadas por un caso relacionado con el tráfico de drogas. Inmediatamente el magistrado abrió una nueva causa judicial y puso bajo escucha los teléfonos de los ocho detenidos el pasado lunes. La operación, que incluyó ocho registros tanto en los ayuntamientos como en domicilios de los implicados y la incautación de abundante documentación, pilló a todos por sorpresa. El despliegue de varias decenas de furgonetas de la policía nacional fue incluso criticado en las tres localidades afectadas. Una treintena de vecinos y familiares del alcalde de Cee pasaron el día de ayer ante el Juzgado de Corcubión para arropar y vitorear a su mandatario. La misma escena tuvo lugar la víspera con motivo de la declaración de los cuatro cargos del PP de Fisterra y Mazaricos.

El constructor de Muxía Daniel Ogando y su hijo, del mismo nombre y dueño de Palcos Senande, depositaron ayer la fianza exigida por el juez para recobrar la libertad, 10.000 euros cada uno. Este empresario, que lleva más de 20 años trabajando en la comarca, acaparó obras públicas de estos tres Ayuntamientos, la mayoría pagadas con cargo a planes anticrisis.