El Secretario de Estado de Seguridad es el titular de uno de los teléfonos que investiga el juez Ruz en el 'caso Faisán'

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha sumado una nueva diligencia a las que ya ordenó la semana pasada para reactivar la investigación del presunto chivatazo policial a miembros del aparato de extorsión de la banda terrorista ETA, conocido como caso Faisán. Esta mañana ha mandado identificar a los titulares de tres números de teléfono del Ministerio del Interior a los que los imputados en el caso llamaron en las horas previas y posteriores a aquella en la que se produjo la delación. Uno de ellos es el móvil de Antonio Camacho, Secretario de Estado de Seguridad, dato que ya era conocido, y el otro pertenece a la centralita del Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.

El magistrado atiende, de este modo, la petición que le hizo la semana pasada la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular. En su escrito sostenía que el informe elaborado por la Dirección General de Policía sobre las llamadas realizadas por los tres imputados no reflejaba las que se realizaron y recibieron en tres números pertenecientes a las Subsecretaría del Ministerio del Interior entre el 1 de mayo de 2006 -un día antes del chivatazo- y el 16 de septiembre de ese año. Lo que no se indica en el escrito es que en esas fechas se registraron más de un centenar de llamadas, sin embrago la formación ultraderechista ha pedido única y exclusivamente que se investiguen tres números.

La identificación de estos tres teléfonos no es la única diligencia que ha solicitado el juez Ruz esta mañana. En el auto se cita a declarar en calidad de testigo al "funcionario del CNP con carnet profesional nº 13.160, quien en la fecha de los hechos ocupaba el puesto de Comisario Jefe Accidental de la UCI [(Unidad Central de Inteligencia)]". El funcionario nº 13.160 no es un testigo cualquiera. Se trata de la persona que denunció el chivatazo y es quien redactó el informe en el que se revelaba al presunto autor de la delación. Responde a las iniciales J. C. y es la primera vez en todo el procedimiento de instrucción que ha sido llamado a declarar. Hasta ahora ni Fernando Grande-Marlaska ni Baltasar Garzón, los otros jueces encargados de la investigación en esta primera instancia, decidieron oportuno interrogar al que desveló el asunto.

Ruz también ha ordenado la toma de declaración en calidad de testigo de Fernando Amo García, antguo comisario provincial de San Sebastián y a Carlos G., superior jerárquico del jefe del equipo conjunto de investigación francoespañol contra el aparato de extorsión de ETA, que en el momento de los hechos era comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia.

Las vicisitudes de un chivatazo

El bar Faisán, en Irún (Guipuzcoa) estaba siendo vigilado por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por ser el lugar donde tenía su base una red de extorsión de ETA. La investigación concluyó con el procesamiento de 24 personas acusadas de enviar cartas a empresarios vascos entre marzo de 2005 y febrero de 2006 para exigirles el denominado impuesto revolucionario. El 4 de mayo de 2006, el dueño del bar, Joseba Elosua, del que se sospechaba que formaba parte de la red de extorsión, recibió presuntamente un chivatazo por parte de algunos policías encargados de vigilar su establecimiento, alertándolo de una redada que se iba a realizar ese mismo día.

La investigación de la filtración ha corrido a cargo de varios magistrados de la Audiencia Nacional. En primer lugar de Fernando Grande-Marlaska, que suplía a Garzón durante su año sabático; después le fue asignada al propio Garzón, tras reincorporarse y, finalmente, la ha reactivado su sustituro, Pablo Ruz. Desde el principio, la acusación popular ejercida por la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia, centró la acusación en el Director General de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, y otros dos miembros del cuerpo. En octubre de 2009, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a Garzón el archivo de la causa al no hallar indicios suficientes de que García Hidalgo estuviera detrás de la delación. Sin embargo, tanto Dignidad y Justicia como el PP, que se sumó entonces al proceso como acusación popular, pidieron al juez que encargara a la Guardia Civil la investigación del caso. En su escrito de alegaciones afirmaron que existía un vídeo con ímágenes clave del momento del chivatazo. El pasado lunes 24 de enero, el juez Pablo Ruz ordenó reabrir la causa solicitando nuevas diligencias, entre ellas la identificación de un confidente etarra que informaba a los tres imputados.