El TSJ archiva definitivamente la querella del PP contra el socialista Ángel Luna

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha archivado definitivamente la querella presentada por el PP contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, en la que lo acusaba de que el constructor Enrique Ortiz había pagado unas obras en su casa. Esos trabajos, según la querella, habrían sido una recompensa por los contratos adjudicados a las empresas de Ortiz cuando Luna era alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995.

El auto del TSJCV, del que ha sido ponente el magistrado Juan Montero, considera prescritos los hechos denunciados por el Partido Popular, sin entrar a valorar el fondo del asunto. "Dado el estado procesal en que se produce el pronunciamiento sobre la prescripción puede considerarse que no existen elementos de juicio suficientes para concluir que los mismos no sean constitutivos de delito alguno, y por ello no cabría decretar el sobreseimiento libre con base en el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según esta norma el sobreseimiento se debe declarar bien cuando los hechos no han existido, bien cuando los mismos no son constitutivos de delito".

Los supuestos comportamientos ilícitos, prosigue el auto, se enmarcarían en todo caso en el artículo 425 del Código Penal (recibir una recompensa por un acto propio del cargo y ya realizado), cuyo plazo de prescripción es de tres años.

El juez instructor del caso,Juan Climent, ya desestimó la querella. No solo consideró prescrito el asunto, relativo a una época en que Luna estaba alejado de la política y trabajaba como abogado para Ortiz, sino que descartó la existencia de indicios de delito y calificó de "inexactas" las acusaciones del portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, y otros diputados. Los populares recurrieron la resolución y, ahora, la Sala de lo Civil y Penal ha archivado definitivamente el caso.

Los populares presentaron una segunda querella contra el portavoz socialista por supuesta revelación de secretos. Luna mostró en un pleno de las Cortes valencianas un informe policial sobre los negocios de la trama Gürtel en la visita del Papa a Valencia. El documento estaba en ese momento bajo secreto de sumario. Este caso continúa abierto en el TSJCV, que investiga cómo llegó el informe a manos de Luna.

Tercera querella

Además, archivada una de las denuncias, el PP prepara una tercera querella, esta vez por supuestas injurias y calumnias. El consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, presentará la querella contra el propio Luna y contra las diputadas Clara Tirado (PSPV-PSOE) y Mireia Mollà (Compromís) por sus afirmaciones sobre el escándalo del reparto de subvenciones de cooperación. Según han indicado a EFE fuentes del PP, la querella de Blasco se basa en "las afirmaciones calumniosas que reiteradamente han manifestado" los tres parlamentarios en la Cámara autonómica y los medios de comunicación sobre las subvenciones manejadas por la Consejería de Solidaridad.

Luna y Tirado han protagonizado las denuncias de su grupo sobre la creación de un entramado auspiciado supuestamente por Blasco para "malversar" caudales públicos por más de 32,3 millones de euros desde 2001. Por su parte, Mollà presentó ante la Fiscalía una denuncia sobre un supuesto trato de favor de la misma consejería a la Fundación Solidaria Entre Pueblos por la concesión de subvenciones a la organización que, a su vez, habría desarrollado supuestamente "toda una trama" para "desviar" fondos públicos.

Para el consejero y portavoz parlamentario del PP, esas afirmaciones constituyen un "insulto" a la cooperación valenciana, en la que se sigue una política "ejemplar", mientras que "se ha puesto en duda la honorabilidad y el buen trabajo de la gente que se dedica a la cooperación". La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas dos investigaciones por las denuncias del PSPV-PSOE y de Compromís.