Bolivia afronta una huelga indefinida del transporte en protesta contra el 'gasolinazo'

Los transportistas bolivianos se han puesto en pie de guerra. Ayer, el presidente Evo Morales sorprendió con un decreto que aumenta entre un 57% y 82% el precio de los combustibles, congelados hace siete años, una decisión que ha provocado la furia de los sindicatos del sector y la convocatoria de una huelga indefinida desde este lunes.

El gasolinazo, como ha sido bautizada la medida, cogió por sorpresa no solo a los transportistas sino a todos los bolivianos, que salieron a comprar carburante en masa, a pesar de que las gasolineras comenzaron a aplicar de inmediato las nuevas tarifas. Además, la medidad provocó el caos en los mercados populares, donde los precios subieron hasta en un 50%.

La sorpresa se explica en parte porque el presidente Morales siempre ha defendido desde su llegada al poder que no necesitaba de un gasolinazo ni de un impuestazo para aumentar los ingresos del Estado, además de criticar en varias ocasiones a sus antecesores por haber aplicado esas medidas. El vicepresidente del país, Alvaro García Linera, que anunció ayer la medida por encontrarse Morales de visita en Venezuela, justificó la decisión como una manera de " incentivar al petróleo". "Requerimos nivelar los precios para que el productor se sienta exigido e incentivado para producir, así habrá más diésel y gasolina e importaremos menos", explicó.

Reacción inmediata

La Confederación de Chóferes de Bolivia, el principal sindicato de transportistas, con 175.000 afiliados, respondió inmediatamente a la medida con la convocatoria de una huelga general indefinida a partir de hoy. El máximo dirigente de esa confederación, Franklin Durán, advirtió además de que los nuevos precios van a tener un efecto multiplicador que afectará no solo a la economía de su sector "sino también a la de la población en su conjunto". Por ello, los dirigentes sindicales se reunirán el martes en una asamblea en La Paz para estudiar otras acciones de protesta.

Los precios de la mayoría de los combustibles se habían mantenido fijos durante casi una década en Bolivia. A principios de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez prefirió aumentar los impuestos en vez de subir los combustibles como medida para asumir el déficit fiscal, pero solo provocó un cruento motín policial que marcó el principio del abrupto fin de ese gobernante, ahora refugiado en Estados Unidos.

En el año 2004, el presidente Carlos Mesa subió levemente el precio del diésel, lo que desató protestas que sirvieron como punto de partida a un movimiento autonomista en la región oriental de Santa Cruz, liderado por los grandes empresarios agropecuarios.