La Guardia Civil desarticula una trama que cobraba por títulos de formación que no impartía

La Guardia Civil ha destapado una red en Cádiz, Canarias y Badajoz que se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna, por ejemplo, para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios. Según ha adelantado la cadena SER, los títulos, que se expedían de forma fraudulenta, los emitía un sindicato en Cádiz, el Sindicato Independiente de Trabajadores (Sitca), y los validaban organismos oficiales como la Escuela de Servicio de Sanitarios y Sociales (Esscan) del Gobierno de Canarias y una consultora extremeña. Hay 10 detenidos como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa, uno, el cerebro de la red, en prisión preventiva y el resto, en libertad condicional. También están imputadas dos ex ex altos cargos del PP canario. En la operación, denominada Catis, se han intervenido 1.460.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero. La investigación ha podido descubrir que los diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales se entregaban, previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., sin haber recibido ningún curso porque, entre otras cosas, la sede del sindicato no tiene ni siquiera un aula. Algunos cursos tenían más de 100 horas pero los alumnos podían obtener su título en tres días. Entre otros, se podían adquirir certificados para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios, el diploma de curso básico de riesgos laborares, títulos de profesor de formación profesional...

Superoferta 600 horas por 340 euros

Supuestamente bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados que aseguraba que eran "expedidos y acxreditados por la Administración pública". En su web, el sindicato todavía ofrece una amplia gama de cursos como churros bajo el reclamo de "superoferta". Entre ellas, destacan la "oferta 7 - 600 horas en cursos de formación (340 euros)", la "oferta 9 - 1.500 Horas en cursos de formación (700 euros)" y "la 20 - curso de Urgencias y Emergencias Sanitarias + curso de Pediatría y Neonatología(1.270 horas - 570 euros)". Según la web, los cursos los organiza el propio sindicato, "la Comisión de Formación Continuada del sistema Nacional de Salud, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y Ministerio de Educación y Ciencia".

La Guardia Civil explica el modus operandi en una nota: el Sitca certificaba que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas. En realidad, no realizaba ninguna hora presencial ni el sindicato preparaba al trabajador. Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales, entre ellos la Escuela de Servicios Sanitario y Sociales del Gobierno de Canarias según la SER, y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato. Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción. Los agentes encargados de la investigación han determinado que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que hay que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.

Con esta operación, la Guardia Civil pone bajo sospecha a decenas de miles de títulos de formación expedidos en los últimos años por el Sitca. Esos títulos falsos han servido para conseguir puestos en empresas privadas en los que se exigía una determinada titulación, para entrar en bolsas de empleo público o para sumar puntos en concursos de oposición para la administración pública. Por el momento hay 10 detenidos y dos imputados. Entre ellos hay una persona de Gran Canaria, otra La Palma, otra Tenerife, otra de Mérida (responsable del área de Recursos humanos) y el resto son de las localidades gaditanas de San Fernando, Puerto Real, Jerez y Cádiz.

Según la SER, los dos imputados son las dos últimas directoras de la Esscan, miembros del PP y que iban en sus últimas listas electorales. Son, siempre según la cadena, Inmaculada Acosta y Rosa María de Haro, designadas por el PP, partido que dirigió la Consejería de Sanidad hasta que el pasado octubre se rompió el pacto de gobierno entre PP y CC. Ambas tuvieron cargo público entre 2007 y 2008. Fuentes cercanas al caso han precisado que la implicación de estas dos personas no tiene que ver con su condición de cargo público, sino con la actividad profesional que desempeñaban en una escuela dedicada a la formación en materia sanitaria en Canarias. Solo el secretario general del sindicato de Cádiz, considerado cabecilla de la trama, se encuentra en prisión preventiva, acusado de estafa y falsedad documental -lleva ya un mes en la cárcel-. El resto de los implicados está en libertad provisional.

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha demandado que las investigaciones sobre la red se amplíen a aquéllas personas que hayan accedido a empleos en entidades públicas y privadas gracias a estos títulos fraudulentos. La asociación, en un comunicado, muestra su "especial preocupación por el hecho de que personal no cualificado esté desempeñando tareas relacionadas con la seguridad y la salud de los consumidores, pudiendo ponerlas en riesgo". En este sentido, la Consejería de Sanidad ha anunciado revisará los cursos que hayan podido ser acreditados por la Esscan, dependiente del Ejecutivo canario, y cuántas personas han podido recibir estos títulos. El consejero canario de Sanidad, Fernando Bañolas, ha dicho que actuará con "cautela" y ha destacado que la Esscan no ha sido quien ha impartido los cursos ni emitido certificados.