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La Fiscalía de la Audiencia considera delito de lesa humanidad el desmantelamiento del campamento saharaui

El ministerio público pide al juez Moreno que pregunte a Marruecos si ha abierto una investigación sobre el caso antes de que se declare competente

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el desmantelamiento del campamento Agdaym Izik (Campamento Dignidad) cerca de la capital del Sáhara Occidental, El Aaiún, por la policía marroquí podría constituir un delito de lesa humanidad, "con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro", según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. El ministerio público recuerda que la única víctima mortal reconocida por Marruecos es española, así como la relación histórica y cultural entre España y el Sáhara, para justificar la competencia de los tribunales españoles, aunque pide al juez Ismael Moreno que pregunte al país alauí si ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

De esta manera, la fiscalía abre la puerta a que la Audiencia Nacional pueda declararse competente para investigar los hechos ocurridos en El Aaiún en virtud de la normativa sobre jurisdicción universal española.

El ministerio público responde así a las querellas presentadas por la Liga Española pro Derechos Humanos y por familiares del español muerto en los incidentes.

"Las circunstancias descritas en la querella, unida a los antecedentes históricos, permiten afirmar en este momento, y sin perjuicio de una ulterior información más completa, que los hechos podrían tener naturaleza delictiva en los términos expresados", es decir, que podrían constituir un crimen de lesa humanidad.

La fiscalía, además, asegura que "la actuación policial [marroquí] se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico a los efectos indicados". Y continúa: "Tal calificación le fue reconocida por los antecedentes que la cuestión saharaui ha despertado en el seno de la ONU y en particular en la resolución 1.495 (de 2003, en PDF), aprobada por el Consejo de Seguridad".

En segundo lugar, siempre según el fiscal, la operación policial, al menos aparentemente, no tuvo otra finalidad que suprimir el asentamiento de Agdaym Izik sin que se aprecian otras motivaciones diferentes"

El fiscal recuerda que la única víctima reconocida por Marruecos, Babi Hamday Buyema, tenía la nacionalidad española y, por si quedaba alguna duda sobre si la Audiencia Nacional podría no tener competencias para juzgar los hechos, explicita las relaciones de vinculación histórica, sociales, culturales de España con el Sáhara occidental.

"Los lazos con la comunidad saharaui son evidentes", asegura el escrito. "No solamente hay que destacar la condición de territorio colonial en el pasado del Sajara occidental, lo que determinó la creación de vínculos lingüísticos, culturales, etcétera, que tiene reflejo en la legislación española. Así, la legislación sobre la adquisición de la nacionalidad española contempla mecanismos privilegiados para la etnia saharaui".

Además, continúa, "la ONU considera a España potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara occidental, al declarar contrarios al derecho internacional los acuerdos de Madrid celebrados en 1975 entre España, Marruecos y Mauritania en los que se nombraron potencias administradoras a estos dos últimos".

Mientras, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido hoy en que todos los medios de comunicación, no sólo dos, "tienen que estar presentes en El Aaiún" y ha subrayado la necesidad de "seguir hablando con Marruecos para que eso suceda". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha puntualizado que "eso es bueno para la prensa española y para Marruecos" y ha recalcado que ese punto de vista lo trasladará "una y otra vez y siempre que pueda" al ministro marroquí de Interior y al ministro portavoz.

El también ministro de Interior ha insistido en que "no ha cambiado de posición", ha señalado que él no fue quien mantuvo las negociaciones para conseguir el acceso de periodistas españoles al Sáhara occidental, "salvo en la reunión de la tarde del viernes, para desbloquear un proceso democrático que se había producido".