El PSPV propone reservar para las bicicletas un carril de la ronda norte de Valencia

Desde la irrupción del sistema público de alquiler de bicicletas en Valencia el pasado junio, el colectivo ciclista ha ganado protagonismo en la ciudad. Antes del verano, el gobierno local del PP ni siquiera se planteaba reservar tramos de las vías rápidas de la ciudad para los ciclistas. Ahora, sin embargo, ya hay incluso proyectos concretos. El concejal de Tráfico, Alfonso Novo, admitió el domingo que el Ayuntamiento tenía un plan para instalar carriles bici en las grandes vías y las calles de Colón y Guillem de Castro, zonas muy transitadas por vehículos motorizados. Por su parte, el PSPV ha pedido hoy a Novo que tome el carril bus de la ronda norte, uno de los principales accesos a las universidades, y lo convierta en carril bici.

El concejal socialista Francisco Carsí ha presentado una moción esta mañana en la comisión de Urbanismo del Consistorio en la que ha defendido la medida. Carsí ha explicado que como el carril bus apenas se usa, sería recomendable usarlo como carril bici. "Se supone que con la implantación de la línea 37, la línea orbital, ese carril bus tendría sentido. Al no existir, deja un espacio libre sin uso alguno", ha argumentado el edil. De aprobarse esta medida, así como la que anunció Novo el domingo, Valencia inyectaría un buen puñado de kilómetros de carril bici justo donde menos tiene, en las circunvalaciones interior y exterior.

Licencias en El Cabanyal

La comisión de Urbanismo ha tratado también el asunto de las licencias del barrio de El Cabanyal. El Ayuntamiento ha ordenado a dos propietarios que efectúen las obras necesarias en sus casas del barrio marinero para evitar la ruina. Esto no tendría mayor trascendencia si el Consistorio concediese todas las licencias que le piden los vecinos del barrio, pero no lo hace. El gobierno dirigido por Rita Barberá tiene un plan para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez por mitad de El Cabanyal hasta la playa, lo que supondría la destrucción de 450 casas.

Tras la paralización del proyecto por parte del Gobierno, el pasado enero, el Ayuntamiento decidió no dar más permisos de obra o actividad hasta que se pronuncie del Tribunal Constitucional. Vecinos y comerciantes piden que reconsidere su posición y defienden que la paralización solo pretende evitar daños al patrimonio, y no a la marcha del barrio. En ese contexto, los socialistas han denunciado la "hipocresía" que supone ordenar ahora a dos propietarios que restauren su propiedad.