El Poder Judicial aprueba un "escandaloso" seguro de 450.000 euros para pagar las fianzas de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial ha dado hoy luz verde, con los votos de la mayoría del sector conservador y de la vocal progresista Margarita Robles, a la contratación de un seguro que cuesta en torno a 450.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil en que incurran los jueces en el ejercicio de su función y que incluye el pago de las multas fruto de procesos penales y fianzas que eventualmente se les puedan imponer para eludir la cárcel por delitos dolosos.

Fuentes del sector progresista consideran un "escándalo" que el Poder Judicial desembolse de las arcas públicas, del dinero de todos, una cantidad de esa magnitud para afrontar responsabilidades que exceden del ámbito meramente civil y se adentran en el penal, una prebenda de la que disfrutan muy pocos ciudadanos, señalan los citados medios. A este desembolso de 450.000 euros cabe sumar los otros 236.000 que ha destinado también el Consejo para sufragar una campaña institucional que busca "acercar el trabajo de los jueces a la sociedad", según la definición del propio Consejo.

El polémico y nuevo seguro implica lo siguiente. Si, por ejemplo, un juez comete un delito y otro colega dicta contra él una medida de prisión eludible bajo fianza, la compañía de seguros contratada por el Poder Judicial se haría cargo de esa fianza, así como de eventuales multas o sanciones administrativas. Varias compañías han presentado ofertas para asumir este seguro, pero aún no se han abierto las plicas, señalan fuentes del órgano de gobierno de los jueces, indignadas con una decisión que supone pagar con dinero público prerrogativas de las que no goza casi ningún ciudadano, "y más aun tratándose, no ya de equivocaciones o errores, sino de situaciones derivadas de la comisión de delitos dolosos". La contratación de este seguro desató ayer fuertes tensiones en el seno del pleno.

El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez no sólo rechazó aprobar este seguro sino que fue quien forzó que el pleno de ayer revisase este asunto y se volviera a votar. Resulta que un pleno anterior, celebrado el 3 de julio pasado, el Consejo aprobó la constitución de un seguro de responsabilidad civil para jueces, pero a la hora de concretarlo, en el apartado de riesgos cubiertos, se hicieron constar más riesgos de los aprobados inicialmente. Gómez Benítez no estuvo en la sesión en la que se dio luz verde a esta póliza porque se hallaba de baja médica. Cuando posteriormente ha estudiado el tema y comprobado la cantidad asignada y las prerrogativas añadidas como riesgos cubiertos, se ha opuesto tajantemente. Y, mediante un escrito, forzó que este tema volviese a ser tratado y revisado en el pleno. Su propuesta no prosperó, ya que nueve vocales votaron a favor del seguro con esas condiciones, cuota anual y riesgos y solo siete del total de nueve vocales progresistas se pronunciaron en contra. Para revocar la contratación del seguro, era preciso reunir al menos once votos, mayoría simple, que fue la que en su día le dio luz verde, pero no fue posible. No sin tensiones, por tanto, los jueces van a disponer de una póliza de seguro por importe de 450.000 euros, pagada por todos, y que les garantiza el pago de sus fianzas ante eventuales delitos dolosos y el abono de las multas y sanciones administrativas.

Aunque en este tema hubo cinco abstenciones, a favor del seguro votaron el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar; el vicepresidente, Fernando de Rosa, y los también vocales conservadores Manuel Almenar y Gemma Gallego, entre otros. Y a ellos se unió, y ya es una costumbre, la progresista Margarita Robles. Junto a un grupúsculo de vocales afines (Félix Azón e Inmaculada Montalbán, entre otros), Robles mantiene un pacto no escrito con el sector conservador para, entre todos, reunir los 13 votos necesarios y repartirse con ellos los nombramientos de buena parte de los altos cargos judiciales. El progresista Gómez Benítez también ha denunciado en más de una ocasión, públicamente, esta práctica de repartismo de altos cargos judiciales entre los conservadores y varios vocales de su grupo liderados por Robles.

Nombramientos

El Poder Judicial ha nombrado en el pleno a seis presidentes de tribunales superiores: Valencia, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Castilla la Mancha y Canarias. El reparto fue el siguiente: tres jueces conservadores (para Valencia, Castilla-La Mancha y Castilla y León), dos progresistas (Canarias y Cataluña) y un moderado, Lorenzo del Río, para Andalucía.

Tras muchos desacuerdos, Robles logró colocar, por fin, a su amigo Miguel Ángel Gimeno al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, rompiendo así un pacto tácito del actual Consejo de mantener a estos altos cargos al menos dos mandatos. La perjudicada por este empeño de Robles es la actual presidenta del Superior de Cataluña, la juez María Eugenia Alegret, del sector conservador. Alegret llevaba solo un mandato, que no se le ha prorrogado, a diferencia de lo que está ocurriendo con los demás presidentes de tribunales superiores.

La víspera del pleno del Consejo fue movida, y no solo por lo del seguro. Vocales de uno y otro grupo (es decir, la progresista Robles y el conservador Manuel Almenar, como cabecillas) se reunieron la tarde anterior, el miércoles, para tratar de consensuar los nombramientos de las presidencias de los citados tribunales. La negociación fracasó y todo hacía pensar que nuevamente se pospondrían los nombramientos de los tribunales más importantes y especialmente la plaza de Andalucía.

Pero momentos antes del pleno, llegó el consenso. Fue crucial para ello que varios vocales conservadores accedieran a que el nuevo presidente del Superior de Andalucía no fuera de la Asociación Profesional de la Magistratura y aceptaran el pacto global que implicaba el nombramiento de Lorenzo del Río como presidente del este tribunal. Del Río obtuvo 14 votos, frente a los siete de su principal rival, el conservador Francisco Arroyo. Del Río pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria, y era el candidato preferido de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE. Pero el nombramiento de Del Río molestó a Manuel Almenar, el principal negociador del sector conservadores, que creía que esta vacante no saldría porque ninguno de los vocales de su grupo apoyarían al candidato progresista. "Se han roto las reglas de juego", se lamentó, en voz alta, pensando en los votos díscolos salidos de su propio grupo. El conservador Antonio Dorado Picón, de origen andaluz, también estaba muy enfadado. Siempre pensó que la vacante de Andalucía se pospondría al no lograrse los 13 votos necesarios, lo que le permitiría a él maniobrar a favor de su candidato. Cuando la votación arrojó 14 votos a favor de Del Río, se quedó helado.

Los tres nombramientos de jueces conservadores son: Pilar de la Oliva, nueva presidenta del Tribunal Superior de Valencia en sustitución de Juan Luis de la Rúa. Consiguió 14 votos, uno más de los necesarios, lógicamente algunos de ellos provenientes del grupo que lidera Robles. Sobre su nueva mesa, De la Oliva tiene ya la patata caliente del caso Gürtel, en la que están implicados el presidente Francisco Camps y otros altos cargos de su gobierno por delitos de cohecho pasivo, así como imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre supuestos delitos de financiación ilegal en los que habrían incurrido altos cargos del PP de Valencia. De la Oliva, titular del Juzgado de Intrucción 10 de Valencia, se ha mostrado muy satisfecha con su nombramiento. Su mentor ha sido el vicepresidente De Rosa, que buscó en ella una candidata que lograra los 13 votos imprescindibles (al final logró 14) y causara menos rechazo en el sector progresista que el juez Pedro Castellano, otra de las apuestas conservadoras. Al frente de los Tribunales Superiores de Canarias, de Castilla La Mancha y de Castilla y León, el pleno reeligió a sus actuales titulares. Antonio Juan Castro Feliciano en Canarias, progresista, que obtuvo diecisiete votos; Vicente Rouco, igualmente con diecisiete votos para Castilla La Mancha, y José Luís Concepción, que logró 20 votos, para Castilla y León.