Isabel García Marcos pide que se anulen sus declaraciones

José Luis Rueda, abogado de Isabel García Marcos, ha asegurado esta mañana durante el juicio del caso Malaya que los pinchazos telefónicos y el registro de la casa de su defendida, donde la Policía intervino 378.000 euros, fue ilegal. Basándose en ello, mantiene que las declaraciones que hizo la ex primera teniente de alcalde marbellí en sede judicial son nulas y no se pueden tener en cuenta en el juicio. El juez Torres, primer instructor de la causa, envió a prisión preventiva a García Marcos porque consideraba que había concertado contratos con empresarios y "exigió cantidades" para llevar a Pleno la concesión del servicio de grúa municipal. La antigua edil, expulsada del PSOE, se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión.

Para apoyar la nulidad de las intervenciones telefónicas, Rueda ha citado una sentencia por un caso de tráfico de drogas redactada por la sala que enjuicia el caso Malaya, y en la que el presidente del tribunal José Godino actúa como ponente. "El juez de instrucción no puede ser vicario de la fuerza instructora, de la Policía. No ha existido un verdadero control judicial de la medida, distinguiendo entre autorización judicial y las prórrogas", ha explicado. La defensa de García Marcos ha conectado el registro domiciliario con las interveciones telefónicas. "Todo proviene de una prueba que consideramos ilícita, si el registro es ilícito y las conversaciones son ilícitas, las declaraciones de mi patrocinada deben considerarse nulas y expulsarse del proceso. Si eliminamos eso no queda nada", ha expuesto.

Le ha seguido en el turno de palabra Pablo Jiménez de Parga, abogado de Ismael Pérez Peña, el empresario que gestionaba la grúa de Marbella. El letrado ha defendido que el juez Torres no tenía competencia territorial para investigar a su defendido y también ha pedido que se anulen las escuchas.

Jiménez de Parga ha pedido al tribunal que se pregunte por qué se practicaron detenciones judiciales de forma sistemática, cuando se trata de una medida excepcional. "Habría que plantearselo a estas alturas, cuando ya han intervenido 50 letrados".

La defensa del ex concejal del GIL, Miguel Jiménez Guerra, también se ha cuestionado la necesidad de adoptar unas medidas tan severas. Rafael Mesa ha relatado "el calvario" que su cliente ha sufrido tras su imputación. Su mujer, secretaria de Jesús Gil durante 12 años, falleció al ver a la policía en la puerta de su casa ."Le acusan de recibir sobres, pero no han encontrado indicios en la contabilidad de Roca que acrediten esos sobornos. La Policía no ha conciliado ninguna de las siglas con su nombre (...) Se habla con inconcreciones", ha relatado Mesa. El letrado ha sido el primero ha sido el primero en solicitar abiertamente el "sobreseimiento inmediato" de los cargos contra su cliente. "No se le puede mantener ni un minuto más sometido a la pena de banquillo", ha añadido.