El abogado de Marisol Yagüe desliza que la policía alteró pruebas de Malaya

Pablo Luna, el abogado de la ex alcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe, trató ayer de derribar uno de los pilares del caso Malaya: la documentación informática intervenida en la sede de la sociedad Maras Asesores y que los investigadores utilizaron para acreditar la supuesta red de sobornos tejida por el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca. El abogado de Yagüe sugirió que los policías examinaron y seleccionaron los soportes informáticos antes de entregarlos en un sobre sellado en sede judicial, por lo que rompieron la cadena de custodia y vulneraron el derecho a un proceso con todas las garantías.

El letrado cuestionó la instrucción dentro de la fase de cuestiones previas, en la que ya han intervenido la mitad de los 95 procesados. Luna incidió en que los agentes llevaron al juzgado los soportes informáticos intervenidos el 29 de mayo de 2006, dos meses después de los registros, y que, sin embargo, el día 23 de mayo de 2006, ya habían presentado un informe de avance sobre su contenido. Después de soltar la bomba, trató de suavizarla. "No estamos acusando a personas (...) criticamos la forma y manera en la que se hizo", matizó. El abogado, que también solicitó la nulidad de las escuchas y los registros, se cuestionó la autenticidad de la documentación y habló de "registros subrepticios".

"Si le sobro, me levanto y me voy", dice el presidente de la sala a una letrada

La Fiscalía Anticorrupción pide que se condene a la ex regidora a 20 años de prisión por los delitos de cohecho continuado, malversación, alteración del precio en concurso y subasta, y fraude. Su abogado pidió al tribunal "limpieza mental" para escuchar las argumentaciones y comparó el macroproceso con un cáncer.

Tal y como ya han hecho otras defensas, criticó la forma en la que fue detenida la ex regidora marbellí. "La trasladaron a velocidades de Fernando Alonso para preguntarle si era alcaldesa y si conocía a Juan Antonio Roca", detalló. También solicitó que se sacaran del procedimiento todas las acusaciones relacionadas con la participación de Yagüe en la redacción de los convenios urbanísticos, algo por lo que, según Luna, no se le ha preguntado en ninguna de sus tres declaraciones.

La mayor parte de la sexta sesión del juicio la ocuparon los abogados del empresario Andrés Liétor. El procesado granadino se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de prisión, la segunda más alta después de Roca. Está acusado, junto con su socio Carlos Sánchez, de pagar a su amigo Roca y de participar en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.

El abogado Manuel Sanchís consideró que el caso Malaya debería juzgarse en la Audiencia Nacional y someterse a un jurado. Su compañera, Susana Pizarroso, planteó la nulidad de prácticamente todas las actuaciones, incluso las que afectan a otros procesados.

El orden de intervención de los letrados de Liétor provocó una de las escasas llamadas de atención del presidente del tribunal, José Godino. Pizarroso intentó protestar hasta en cuatro ocasiones porque Godino no le permitió intervenir antes que su compañero.

Cuando le llegó el turno a Pizarroso, intentó desquitarse, pero el magistrado la interrumpió en varias ocasiones para pedirle que no repitiera alegaciones de su compañero u otras cuestiones planteadas por el resto de las defensas en otras sesiones. En una ocasión, Pizarroso se quejó porque, con tanta pausa, perdía el hilo. "Si le sobro yo, me levanto y me voy, porque parece ser que es usted la encargada de presidir el juicio", le contestó Godino. Al finalizar, la letrada dio las gracias al tribunal por la paciencia. "Ha sido un placer", le contestó el juez.