El empresario que ofreció trabajo falso en Dubai, detenido por un 'chiringuito' financiero

El culebrón de la estafa de Dubai en Huelva sigue en marcha. José Manuel Garrido, el empresario que fue detenido por prometer trabajo falso a albañiles de Huelva en el emirato, ha vuelto a ser detenido. Se le acusa junto a otras cinco personas de asociación ilícita para delinquir mediante la organización de un chiringuito financiero destinado a estafar a cientos de personas con falsas inversiones en Dubai y la comisión de numerosas estafas.

Junto a José Manuel Garrido, alias El Tiburón, de Huelva, han sido acusados J.L.P.S., de 73 años; y A.N.D., de 64 (ambos de Sevilla); M.R.N., de 61; y J.S.P., de 33, de Punta Umbría (Huelva); y R.B.B., de 35, ex director de una entidad financiera de Málaga.

A Garrido le constan 14 detenciones y tiene pendiente una vista por estafa por la que el fiscal pide cinco años de prisión.

Las nuevas detenciones son fruto de la investigación abierta a raíz de su detención por un delito contra los derechos de los trabajadores hace unos meses, cuando prometió puestos de trabajo falsos en Dubai.

El chiringuito financiero se creó tras la constitución de la sociedad Abu Dhabi Dubai Investments SLU, falseando ante notario la escrituras de constitución y de ampliación de capital con acciones y participaciones inexistentes, según la policía.

Se colocó al frente de la misma, como administrador único, a una persona insolvente, "testaferro", y se fraguó, mediante el alquiler de un pequeño despacho con teléfono, fax y una mesa en Sevilla y la contratación de varios trabajadores.

La trama ofertaba falsas inversiones en Dubai con una rentabilidad del 36% anual libre de impuestos simulando ser una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva) llegándose a ofrecer el producto a más de 400 personas, y también se estafó a los propios trabajadores, a quienes no pagaron las nóminas, a la Seguridad Social, y al propio despacho de alquiler.

Simultáneamente, consumaron presuntas estafas en varias provincias (Madrid, Sevilla, Huelva, Salamanca) por valor de 150.000 euros, poniendo en grave riesgo la actividad empresarial de algunas de ellas pertenecientes a autónomos y cooperativistas que han visto peligrar su continuidad.

La Policía sigue la investigación para demostrar la conexión de la sociedad investigada con otras mercantiles en un entramado societario que pudiera haber cometido delitos contra la hacienda pública mediante fraude de IVA intracomunitario.