El ex consejero de Matas expulsado del PP cede a la presión y abandona el escaño
José Juan Cardona está imputado por corrupción.- El Superior balear pidió una fianza para él de 2,9 millones
El ex consejero del Gobierno balear dirigido por Jaume Matas, José Juan Cardona, imputado por supuesta corrupción, no ha aguantado la presión de su ex partido y ha anunciado que devolverá el acta de diputado autonómico. Cardona perderá así su condición de aforado, por lo que su causa regresará a un tribunal ordinario, lo que acelerará el proceso.
El Tribunal Superior de Justicia balear impuso a Cardona una fianza por responsabilidad civil de 2,9 millones el pasado 30 de abril y, poco después, fue expulsado del Partido Popular. El ex consejero se enrocó en el parlamento regional aunque la presión de sus ex compañeros de militancia y la pérdida de apoyos en Ibiza, de donde procede, han terminado por precipitar su salida.
Durante su declaración ante el tribunal, el pasado día 21 de abril, el político negó haber participado en una supuesta trama de negocios clandestinos con dos ex altos cargos de su departamento en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (Cdeib), en el llamado caso Scala-Cola Cao, en el que se indaga el desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007.
Un ex edil del PP y beneficiario de los contratos del consorcio, Felip Ferré -que pactó con la fiscalía una reducción de pena-, mantuvo la acusación contra el ex consejero. También involucró a Cardona el testimonio de una de las corruptas confesas, la ex gerente del Cdeib Antònia Ordinas, que entregó en 2008 más de 240.0000 euros apropiados y que tenía ocultos en una caja de Cola Cao enterrada en su jardín.
La investigación ha documentado cobros de estudios inexistentes y repetidas autocontrataciones. Cardona, abogado y dos veces consejero, firmó repetidas ampliaciones de crédito del Cdeib para financiar los gastos de promoción en numerosos países, desde China a Estados Unidos.
Cardona figura, además, en un episodio de supuesta financiación irregular del PP de Ibiza por haber exigido una supuesta dádiva en especie (propaganda) a un publicista que facturó contratos por más de cuatro millones a las arcas públicas.
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