El fiscal estudia ampliar la querella por el caso del hotel del Palau

La Fiscalía de Barcelona estudia la ampliación de la querella que presentó el pasado nueve de junio por la operación urbanística para construir el hotel del Palau de la Música junto al coliseo catalán. La ampliación comportaría la formulación de nuevos cargos contra responsables del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña. Esa es la tesis que maneja la Fiscalía después de haber tomado declaración en calidad de testigos a la directora general del Patrimonio de Economía, Immaculada Turu, al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramon Massaguer y al cuarto teniente de alcalde de Urbanismo y Régimen Interior de Barcelona, Ramon García Bragado, entre otros.

El ex director del Palau de la Música, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, permanecen ingresados en la prisión de Brians 2 acusados de tráfico de influencias y apropiación indebida en el caso del hotel del Palau.

Esta mañana han declarado como testigos García Bragrado, el líder municipal de CiU, Xavier Trias, y el ex primer teniente de alcalde de Barcelona, Carles Martí. García Bragado, por su parte, ha salido en defensa del gerente municipal de Urbanismo, Ramon Massaguer, cuya actuación considera "en todo caso profesionalmente intachable", ha afirmado tras declarar como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción 10 de la capital catalana. En declaraciones a los periodistas después de que estos le preguntaran si sigue confiando en Massaguer, García Bragado ha replicado que "absolutamente", un día después de que declarase como testigo el gerente y de que la jueza decidiera interrumpir el interrogatorio del fiscal a Massaguer. Esa actuación es la habitual cuando la justicia considera que se ha de cambiar la condición de un testigo a imputado para que pueda comparecer con abogado.

Por su parte, el líder de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona ha negado ante la juez haber recibido presiones por parte de Fèlix Millet para acelerar el proyecto del Hotel del Palau y ha recordado que CiU dio apoyó a esta operación cuando les garantizaron que no se derribaría una fachada protegida.

El caso arranca de 2003, cuando la Fundación Orfeó Català firmó un contrato con los hermanos de las Escuelas Cristianas y se hizo con la propiedad de tres fincas en la calle Sant Pere Més Baix, otra parcela sobrante y el derecho de propiedad del subsuelo, a cambio de realizar obras en el colegio por valor de 4,48 millones de euros. Obtenida la propiedad, Millet y Montull maniobraron para que se cambiase la calificación urbanística de esos terrenos de equipamiento educativo a equipamientos hoteleros.