El Poder Judicial autoriza el traslado de Garzón a La Haya

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado el traslado durante siete meses al Tribunal Penal Internacional (TPI) del juez Baltasar Garzón, aunque no en situación de servicios especiales, es decir, una condición administrativa equivalente a una excedencia. Según la Comisión, desde el punto de vista orgánico, no existe ninguna razón ni impedimento legal que impida su contratación como asesor del fiscal de la Corte de La Haya Luis Moreno-Ocampo.

La decisión se ha producido una vez que el CGPJ ha recibido los cinco informes favorables que había solicitado: de Exteriores, de la Fiscalía del TPI, de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo -que juzgará a Garzón por investigar los crímenes del franquismo-, de la Fiscalía General del Estado y del secretario general del Consejo.

La resolución ha obtenido los votos a favor de Margarita Robles, Manuel Almenar y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y dos votos particulares. El primero es de la vocal progresista Almudena Lastra, partidaria de que se le hubiese concedido el traslado en calidad de servicios especiales. El otro es del vocal conservador Antonio Dorado, que entiende que la Comisión Permanente se debía haber limitado a conceder o no la petición de Garzón de que se le enviase en calidad de servicios especiales. Una vez negada esta, no cabía la posibilidad de aplicarle un régimen distinto.

Fuentes del CGPJ ya habían adelantado que la figura de los servicios especiales no cabía aplicarla en este caso (hay jurisprudencia al respecto de la Sala Tercera del Supremo) porque está orientada para jueces en activo a los que se encomienda un cometido distinto del que desempeñan en un momento determinado. Pero no para jueces suspendidos de funciones.

La Fiscalía del Estado se había pronunciado, sin embargo, a favor de conceder a Garzón la situación de servicios especiales. En el informe enviado esta mañana, en el que daba su aprobación al traslado de Garzón a La Haya, la fiscalía argumentaba que la Ley Orgánica del Poder Judicial no impide que un juez "provisionalmente" suspendido pueda acceder a esta situación.