El PP se querella contra el funcionario de Hacienda que hizo el informe

El PP ha decidido mantener la estrategia que ha seguido hasta ahora con el caso Gürtel: con cada novedad, un contraataque, en forma de querella. Primero fue contra el juez, después contra la policía, en algunos casos contra los periodistas, y hoy ha decidido hacerlo contra el funcionario que firma -con un número- el informe de la Agencia Tributaria que confirma la financiación ilegal del PP valenciano. Y lo hace por un delito muy grave: prevaricación y falsedad en documento público.

El PP sabía hace unos días que existía ese informe, y en cuanto EL PAÍS ha dado a conocer su existencia ha hecho público el texto de la querella que ya tenía preparado. En él se señala lo siguiente: "Que por medio del presente escrito, en la meritada representación, formulo QUERELLA contra el funcionario NUM. 21536 de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria autor del informe de fecha 6 de mayo de 2010, evacuado en Autos Diligencias Previas 1/2009 de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, designándose domicilio del mismo en el de la meritada Unidad de Auxilio Judicial, por entender haber cometido en tal informe los delitos de PREVARICACIÓN Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO así como cualquier otro delito conexo o consecuente que se derive de la fase de Instrucción, según la relación circunstanciada de hechos que se pasa a efectuar".

"Uso torticero y oscuro" de las instituciones"

El PP valenciano añade al anuncio de la querella que el informe "no investiga las cuentas" del partido y asegura que "tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control". Los populares valencianos insisten en que han cumplido con sus obligaciones "de forma escrupulosa" ante la Administración electoral, la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y las auditorias internas y externas "que se practican sobre la contabilidad del partido".

Para el PP valenciano, "se trata de la segunda ocasión que con informes ad hoc se pretende condicionar la decisión de un tribunal", en este caso la del Tribunal Supremo, que decide mañana si archiva o reabre la causa contra Camps por los trajes regalados por la trama. Según la tesis del PP, el 31 de julio de 2009 se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano el informe de la brigada de blanqueo para incidir en las deliberaciones que acabaron con el archivo de la causa por supuesto cohecho pasivo impropio. "En este momento, en víspera de la decisión del Tribunal Supremo sobre la decisión del TSJCV, se vuelven a presentar los mismos datos manipulados, con idéntico objetivo pero con distinto membrete", asegura la nota del PP valenciano, que añade: "Es vergonzoso que en un estado de Derecho se intente, por estamentos del Estado, presionar a los tribunales en sus decisiones".

El comunicado también defiende que el informe carece de validez probatoria y lo rebaja a una "recopilación de opiniones de un autor, cuya pretensión es sencillamente inculpar". Según los populares valencianos, se ha "rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado", por lo que el partido usará todos los "instrumentos" del Estado de Derecho "para poner fin a lo que considera una "campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista" para dañar su imagen.