El Supremo confirma la multa de 1.500 euros al juez Tirado por el 'caso Mari Luz'

Dos días después de que la Audiencia Nacional confirmara la sanción de seis meses de suspensión para la secretaria judicial del caso Mari Luz, Juana Gálvez, el Tribunal Supremo ha acordado rechazar los recursos interpuestos por la fiscalía y por el juez de Sevilla Rafael Tirado contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de multarle con 1.500 euros por su actuación en el mismo caso, confirmando así esta leve sanción.

Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal, que han señalado que la decisión ha sido tomada por el pleno de la sala tercera -de lo contencioso-administrativo- de este órgano, cuyos miembros han estado reunidos debatiendo el asunto hasta pasadas las 19.00. El hecho que motivó la sanción a Tirado fue el retraso en ejecutar una sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, y que hubiera supuesto el ingreso en prisión de éste.

Una "vergüenza nacional"

La fiscalía reclamaba que Tirado fuera sancionado con la suspensión de empleo y sueldo por tres años, mientras que el juez solicitaba el archivo de su expediente, pero el Supremo ha rechazado ambos recursos. En diciembre de 2008, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmó la multa de 1.500 euros que le había impuesto el anterior Consejo al juez, desestimando así también los recursos interpuestos por el propio Tirado y por el fiscal.

Catorce de los 21 vocales que integran el Poder Judicial se mostraron a favor de no suspender al juez, en una decisión que fue el detonante del paro de jueces sin precedentes llevado a cabo el 18 de abril del año pasado y que fue criticada por el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, quien anunció que el Gobierno reformaría el régimen disciplinario de los jueces. Por su parte, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, también calificó el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces de "vergüenza nacional". La fiscalía sostenía que la conducta de Tirado debe ser considerada como falta "muy grave" y no sólo "grave", al estimar que se produjo "una desatención continuada en el tiempo" respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.

En el recurso que presentó ante el CGPJ, el fiscal afirmaba que Tirado "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el Juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba". Agregaba que "mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la secretaria del Juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores (...) es desenfocar la realidad de a quién debe imputarse la responsabilidad de los hechos".

Así, y tras examinar los hechos, el fiscal concluía que Tirado "no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias y consecuentemente no adoptó medida alguna en más de dos años para poner remedio a dicha situación". A Juan Sánchez se le impuso en un principio una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo, que fue rebajada por la Audiencia Nacional a seis meses, medida que también fue recurrida por la secretaria judicial ante dicho Tribunal, que la confirmó el pasado lunes. El año pasado el CGPJ concedió al juez sevillano el traslado al juzgado de lo Contencioso número 3 de Sevilla, a petición propia.