Condenada a seis años de prisión por estafa una ex concejal del PP de Vitoria

La Audiencia de Álava ha condenado a una ex concejal del PP de Vitoria y a su pareja a seis años y un día de cárcel a cada uno de ellos por un delito continuado de estafa agravada. La ex edil, Raquel Martínez Duval, y su pareja, Bonifacio Covarrubias Santos, estafaron a 14 personas en 13 operaciones en las que usaron el mismo sistema de engaño un total de 207.000 euros haciéndoles creer que realizarían gestiones para proporcionarles de forma preferente un piso de protección oficial en la capital alavesa, lo que nunca iban a hacer. Las cantidades que solicitaban oscilaron entre 6.000 y 38.000 euros, aunque la más habitual, que pidieron hasta en siete ocasiones, era 18.000 euros.

Raquel Martínez Duval fue expulsada del partido en 2004

Martínez Duval ocupó la novena plaza en la candidatura del PP en las municipales de 1999, en las que los populares se hicieron con 11 ediles y con la alcaldía de Vitoria. En los comicios siguientes fue desplazada al decimotercer puesto en la lista y ya no salió elegida. En 2004, el PP la expulsó del partido tras conocer que realizaba gestiones ante diversas empresas esgrimiendo sus presuntos contactos con la formación para conseguir contratos con distintas administraciones. Desde entonces, no mantenía ninguna relación con el PP.

Martínez Duval y Covarrubias, quien fue su escolta mientras era concejal, se trasladaron a Madrid en 2005 ya como pareja de hecho y constituyeron allí una empresa de gestión inmobiliaria, Gesbora, SL. Entre octubre de 2005 y noviembre de 2007, cometieron las estafas. Solicitaban dinero a diversas personas, en su mayoría jóvenes cuya situación económica no les facilitaba acceder al mercado inmobiliario, haciéndoles creer que realizarían las gestiones precisas para otorgarles de forma preferente un piso de protección oficial, de precio tasado o un piso libre en Vitoria, en uno de los momentos de mayor carestía de la vivienda en la capital alavesa. Ambos "daban apariencia de confianza a las operaciones aprovechando la condición de la acusada de ex concejal del Ayuntamiento de Vitoria y los contactos que decía tener en diversos organismos públicos", recalca el fallo de la Audiencia. "Recibían el dinero a sabiendas de que no iban a realizar ninguna gestión para tales compraventas y de que no tenían ninguna capacidad para proporcionar los inmuebles", añade la sentencia, fechada el pasado 29 de marzo y de la que ha sido ponente la magistrada Silvia Viñez.

La Audiencia repasa en su fallo las estratagemas que usaron los condenados para conseguir el dinero de sus víctimas, varios de ellos con relaciones familiares entre sí, y para mantener el engaño y no devolver las cantidades que los estafados les habían adelantado. Así, por ejemplo, enseñaron a dos de sus víctimas la misma vivienda, un piso en la calle Velate de la capital alavesa. Dicho piso era propiedad de una hermana de la acusada y estaba embargado, pesando sobre él tres hipotecas cuyas escrituras datan de 2001 y 2002. También llegaron a realizar varios contratos ficticios de compraventa de las supuestas viviendas.

Cuando uno de los estafados les reclamó que le devolvieran los 38.000 euros que había adelantado los acusados le entregaron un cheque por esa cantidad. El hombre fue a cobrar el talón a la sucursal de la Caja Vital en que Gesbora tenía abierta una cuenta, pero no pudo hacerlo porque la ex edil había escrito la fecha del cheque con números, en lugar de en letra. Durante el juicio, los acusados quisieron justificar la emisión y entrega del cheque con el argumento de que el hombre que les estaba esperando en el exterior de su casa, el engañado, era un miembro de ETA. "La Sala no puede dar credibilidad a dicha versión", refuta con rotundidad la sentencia. Esa misma estratagema de entregar un cheque con la fecha escrita en números, lo que imposibilita su cobro, la usaron con otra de sus víctimas.

Finalmente, varios de los estafados denunciaron los hechos y la ex edil y su pareja fueron arrestados en Vitoria por la Ertzaintza el 21 de noviembre de 2007.

"Es claro que el engaño se urde sobre la base de las cualidades públicas de la acusada (...) quien explicaba su cualidad de ex concejal y sus supuestos contactos, quien llevaba la voz cantante, quien daba su número de teléfono móvil, quien daba las excusas...", apunta el fallo judicial. La Audiencia añade que "aunque los acusados se presentaran a través de una empresa de gestión inmobiliaria, lo cierto es que dicha empresa no era conocida en esta ciudad [por Vitoria], donde quien sí era conocida era la acusada, y era conocida, precisamente por haber sido concejal de su Ayuntamiento durante cuatro años". Este hecho "y los contactos que la acusada decía tener como consecuencia de ello", era lo que otorgaba "la apariencia de confianza" de que los acusados podrían proporcionar un piso a los perjudicados. Los magistrados recalcan que Covarrubias estaba al tanto de toda la operación.

Además de la pena de cárcel, el fallo condena a los acusados a indemnizar a los estafados devolviéndoles todo el dinero que consiguieron de ellos, más los intereses correspondientes. Queda fuera el caso del único perjudicado al que ya le han reintegrado el dinero del que se apropiaron (12.000 euros). La ex edil y su pareja deberán además pagar sendas multas de 5.410 euros. Contra la sentencia cabe recurso, por lo que, hasta que no sea firme, Martínez Duval y Covarrubias seguirán en libertad provisional bajo fianza.

Raquel Martínez ya fue condenada anteriormente por la Audiencia alavesa por haber estafado a dos mujeres a las que prometió facilitarles el acceso a una vivienda protegida a cambio de dinero (12.000 euros en el caso de una y 18.000 la otra), informa Efe. Esta sentencia se halla recurrida ante el

Tribunal Supremo.