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Cerco judicial al ex presidente balear

El PP defiende el pago de la pensión a Matas tras su salida del Gobierno balear

Arenas elude valorar el auto del juez Castro mientras Aguirre asegura que a los corruptos "hay que perseguirlos con todo el peso de la ley"

El Partido Popular defiende su actuación en todo lo relacionado con la implicación del ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en el caso Palma Arena, por el que el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros. El líder del PP en Andalucía, Javier Arenas, ha asegurado que su partido "no ha guardado silencio" ante la docena de delitos que el instructor imputa a Matas, militante de su partido hasta el pasado lunes cuando pidió él mismo su baja temporal. Ayer, tras conocerse el auto, Mariano Rajoy se limitó a declarar: "No tengo nada que decir".

Según Arenas, la actuación del partido ha sido "correcta" tanto a nivel nacional como regional. El ex ministro de Trabajo ha tildado de "cínicas" las críticas del PSOE porque "es un partido vinculado con la corrupción" históricamente.

Arenas también se ha pronunciado sobre la pensión que Matas cobró del PP cuando abandonó la política activa tras perder el Gobierno regional en 2007. El hoy vicesecretario del PP ha asegurado que se ha enterado de este sueldo "por los medios" pero que le parece "bien" que se ayude a un dirigente cuando cesa en una actividad y está esperando para otra. De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS el pasado 28 de marzo, Matas recibió una cantidad destinada a ex políticos sin recursos o sin otra actividad para subsistir una vez abandonado el cargo.

Entre 2007 y 2008, el ex presidente balear cobró una pensión mensual de 3.475 euros, tras dejar de percibir los 84.000 anuales que le correspondían como jefe del Ejecutivo autonómico. Anteriormente, Matas sumó durante dos años a su sueldo de presidente autonómico la compensación como ex ministro, tras dejar la cartera de Medio Ambiente en 2003.

Silencio sobre el auto

Arenas ha decidido guardar silencio sobre el duro auto que ayer hizo público el juez Castro y se ha limitado a señalar que "será valorado en su momento por otras instancias judiciales".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy que se siente "profundamente apenada" tras conocer el auto del juez" José Castro, aunque ha dicho sentirse "alegre" de que "se aclaren estas cuestiones", informa Soledad Alcaide.

Aguirre ha declarado que los ciudadanos "quieren saber si los servidores públicos se han enriquecido" durante su mandato porque "nos perjudica a todos". La presidenta madrileña cree que a los políticos corruptos hay que "perseguirlos con todo el peso de la ley", aunque ha asegurado que la inmensa mayoría no delinquen. Además, en opinión de Aguirre, "que hay algunos corruptos nos tiene que animar a denunciarles".

Por otro lado, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha apelado hoy a la presunción de inocencia de Matas pese a las "evidencias" y contundencia de los hechos que expone el auto del juez hecho público ayer y que, en opinión del político catalán, "pone difíciles las cosas" al ex presidente balear, informa Europa Press.

Matas apurará el plazo para pagar la fianza

Jaume Matas está haciendo personalmente las gestiones para reunir los tres millones de euros de fianza decretada contra él por el juez, según ha explicado hoy su abogado, Rafael Perera, quien prevé que agote el plazo fijado para el día 7 de abril.

El ex presidente balear tiene un margen de 72 horas para el pago de la suma, pero al tratarse de tres días hábiles, y del jueves al lunes son festivos en Baleares por la Semana Santa, el plazo expira el miércoles a las doce de la noche.

El juez prohibió a Matas salir de España y le retiró definitivamente el pasaporte, debido el riesgo de fuga existente ante la gravedad de los cargos que se le imputan. Contra el ex presidente balear pesa una acusación de 12 delitos de corrupción. En su escrito el juez le atribuye al ex ministro del PP la presunta comisión de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.

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