Las asociaciones de memoria histórica piden al Constitucional que suspenda la causa contra Garzón

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de dar luz verde al juez Luciano Varela para sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y someterle a juicio por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo ya tiene respuesta de las asociaciones que representan a las víctimas, quienes han pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la causa contra el magistrado mientras no se decide sobre su propia personación, rechazada por el alto tribunal.

En el recurso de amparo, el abogado de las víctimas recuerda que son ellas quienes "se encuentran en el origen de las resoluciones adoptadas" por Garzón, por lo que han solicitado al Supremo ser parte en la causa que se sigue contra el magistrado en varias ocasiones, peticiones que fueron rechazada por el alto tribunal, algo que las asociaciones creen que puede causar "perjuicios irreparables" en sus representados.

Además, las vícitmas alegan que el Supremo ha desestimado la recusación de varios de los magistrados de ese órgano e inadmitiendo la querella presentada contra los jueces de la Audiencia Nacional que ordenaron archivar la investigación sobre los crímenes del franquismo.

El auto dictado ayer por el Supremo, redactado por el magistrado ultraconservador Adolfo Prego, rechaza entrar en el fondo del asunto para no "contaminarse", lo que apunta a que será la misma sala que admitió las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS la que juzgaría por prevaricación a Garzón.

Si el auto del juez Luciano Varela tenía ya los tintes de una sentencia anticipada, el dictado ayer por la Sala Penal casi viene a anticipar la condena del juez por delito de prevaricación. Prego enaltece con entusiasmo "la muy técnica y bien construida motivación" del instructor, su "acertado" razonamiento, su "precisión" al recoger la jurisprudencia de la Sala, o la "razonable motivación" del auto de Varela contra Garzón.

Por el contrario, las alegaciones de Garzón son "prematuras" y sus resoluciones, según la valoración del instructor Luciano Varela, aparecen como "intencionadamente contrarias a las leyes e incompatibles con cualquier interpretación razonable de ellas".

El auto de la Sala dice que "no prejuzga la existencia o no del delito", pero aprecia que "no hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación".

La Sala que respalda el "control de legalidad" del juez Varela está integrada por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, el ponente Adolfo Prego y los magistrados Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. En uno de sus fundamentos señalan que si se ocuparan ellos de la función valorativa del instructor, incurrirían en un "prejuicio contaminante".

Fuentes del Supremo señalaron que este párrafo evidencia la intención de Prego y los otros magistrados de ser ellos mismos los que juzguen a Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Es decir, que sería la misma sala que admitió las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS la que juzgase al juez querellado, contrariamente a lo que sucede en las demás jurisdicciones y en lo que ha venido sucediendo hasta ahora en el Supremo.

Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que un reciente acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, de 11 de enero de 2010 (BOE de 1 de marzo), cuando ya estaba admitida la querella contra Garzón, establece esa posibilidad, al especificar que "el Tribunal que habrá de conocer las causas especiales resolverá sobre su admisión a trámite y, en su caso, las enjuiciará". Eso no sucede con los recursos de casación ordinarios, en los que, según el mismo acuerdo, se reasigna a los ponentes, ni en los de revisión, de cuya tramitación se excluye expresamente a la sala de admisión.

En definitiva, parece que será la misma sala que ahora ha revisado y avalado la legalidad del auto de Luciano Varela la que se reserva para juzgar a Garzón, y el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española (Denaes), el que redactará la sentencia sobre si Garzón prevaricó al investigar los crímenes del franquismo.

Fuentes judiciales significaron que el auto del Supremo podría haber incurrido en "incongruencia omisiva", al no resolver ninguna de las peticiones formuladas por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. En efecto, el auto no contesta a la petición de pruebas de la defensa más allá de que los argumentos de impugnación que pudieran "cuestionar una hipotética condena por prevaricación" no desvirtúan los que bastan para justificar el proceso. El auto, según las fuentes consultadas, serviría tanto para el proceso a Garzón como para cualquier otro. A partir de ahora, el instructor Luciano Varela tendrá que decidir si acepta o no las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón o si, en su caso, transforma el procedimiento para abrir el juicio oral y sentar a Garzón en el banquillo.