El juez Varela rechaza practicar las pruebas pedidas por Garzón hasta que el Supremo resuelva la apelación

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ha imputado un delito de prevaricación al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha decidido no pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por Garzón hasta que el Supremo resuelva el recurso de apelación contra la continuación del procedimiento, según un auto notificado hoy. El juez Varela ha tardado un mes en contestar a la petición de pruebas.

Entre las pruebas solicitadas por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, figura la declaración de juristas internacionales, como la fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que acusó a Slodoban Milosevic; el juez chileno Juan Guzmán, que abrió procesos a Pinochet; Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina; Hugo Relva, coordinador de justicia de Amnistía Internacional; Sergio García Ramírez, magistrado de la Corte Internacional, y Eduardo Freile, presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina.

Varela ha aparcado la decisión sobre estas y otras diligencias de prueba porque "conciernen todas ellas a cuestiones suscitadas en el recurso de apelación y en consecuencia, quedan sometidas a la decisión de la Sala Penal que ha de resolver el recurso".

Una vez que el Supremo se pronuncie, Varela decidirá "con la referencia que supone la decisión de la sala", si las diligencias interesadas por Garzón son "pertinentes y útiles".

El instructor del Supremo no deja de subrayar que esa misma propuesta es la que hace el ministerio fiscal, que condiciona la decisión sobre las pruebas al rechazo de la apelación. Desde que se inició la causa, esta es la primera vez que el instructor tiene en cuenta algo de lo que dice el fiscal.

La fiscalía es partidaria de admitir sólo una de las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón. Se trata de la declaración testifical de los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia de Garzón para investigar los "crímenes contra la humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

En cambio, la fiscalía cree que el instructor debe rechazar la declaración del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien se opuso tenazmente a la investigación de Garzón aunque ha sido llamado por éste como testigo de descargo, ya que no cree que Garzón haya incurrido en delito de prevaricación. El fiscal tampoco es partidario de llamar a los juristas internacionales que apoyan a Garzón y que previsiblemente se pronunciarían en contra de la Ley de Amnistía.

Los querellantes de Manos Limpias, que buscan la condena de Garzón, opinan que todas las diligencias pedidas por el abogado del magistrado "no son pertinentes y resultan innecesarias".

Por otra parte, el juez ha tenido por depositada la fianza de 6.000 euros que impuso aFalange Española de las JONS, por lo que este partido ya puede actuar contra Garzón para lavar el "honor" de su "movimiento", según dice en su querella contra Garzón.