El alcalde de Montroi seguirá en el cargo pese a la imputación por las casas ilegales

El alcalde de Montroi, el socialista Antonio Polo, imputado por diferentes delitos relacionados con la corrupción urbanística, ha asegurado hoy que va a continuar en su cargo y que únicamente renunciará a la militancia si su partido se lo pide. Así lo ha afirmado en una rueda de prensa después de que ayer le tomara declaración en calidad de imputado la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent (Valencia) por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia. "Tengo claro que voy a seguir en la alcaldía y, si mi partido me pide que deje la militancia, muy a mi pesar lo haré", ha manifestado el alcalde, quien ha asegurado que no ha cometido "ningún delito".

Polo es uno de los 11 imputados en la investigación por la construcción de decenas de chalés ilegales en suelo rústico urbanizable del municipio. La Guardia Civil registró las dependencias del Ayuntamiento el pasado 3 de febrero, se llevó abundante documentación y detuvo al ex alcalde Javier Carrión, del Partido Popular, y a otras seis personas. Los afectados por la venta de las casas sin licencia son, principalmente, ciudadanos británicos y alemanes, que descubrieron finalmente que no eran propietarios de un chalé con parcela, sino de una parte indivisa de un terreno rústico no urbanizable de uso común. Las víctimas se dirigieron tanto al actual alcalde como a su antecesor por los problemas derivados de la presunta estafa. Algunos afectados acudieron a los tribunales, lo que desencadenó finalmente la investigación en torno a las licencias concedidas por el Ayuntamiento.

El juzgado investiga también a varios notarios, abogados y promotores. El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, anunció días después de la detención del ex alcalde Carrión que el partido le suspendía de militancia de forma cautelar. Carrión abandonó la prisión tras pagar una fianza de 8.500 euros. El actual alcalde, que no ha sido detenido aunque la juez le ha retirado el pasaporte tras su declaración como imputado, permanecerá de momento en el cargo.