El juez imputa al alcalde de Montroi, a dos notarios y a un abogado

Ya son 11 los imputados por la trama urbanística de construcción de chalés ilegales en Montroi. El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Picassent citó para ayer en calidad de imputados al actual alcalde Montroi, el socialista Antonio Polo, a dos notarios (uno de los cuales no pudo declarar porque se indispuso) y a un abogado. La comparecencia como imputados fue a instancias de la Fiscalía, concretamente de la sección de ordenación del territorio. Y tras las declaraciones, el juez mantuvo para todos la condición de imputados. A Polo, por delito continuado de prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia. A la notaria de Montroi, cuya sede está en Montserrat, por delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio. Y al abogado, por estafa y delito continuado contra la ordenación del territorio. La investigación no está cerrada y no se descartan nuevas imputaciones.

Antonio Polo se hizo cargo de la alcaldía de Montroi en 2006, después de la dimisión de su predecesor, el popular Francisco Javier Carrión, quien fue detenido el pasado día 3 por la Guardia Civil en relación con los mismos hechos: la construcción ilegal de chalés. No sólo porque no se actuara contra la edificación, sino porque se constituyó una trama en la que participaron el ex alcalde, los notarios, los promotores, los constructores, dos ingenieros y un abogado.

Las víctimas de la estafa relataron al estallar el asunto que en numerosas ocasiones, siendo alcalde Carrión y siéndolo Polo, habían acudido al Ayuntamiento con la intención de que se les resolvieran los múltiples problemas por los que finalmente descubrieron que no eran propietarios de un chalé con parcela sino de una parte indivisa de un trozo de terreno rústico no urbanizable de uso común. El Ayuntamiento es el competente para sancionar las construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable. En el caso de Montroi, los pocos expedientes que abrió, los dejó morir, permitió que se consumiera el tiempo previsto por la ley para el derribo, que ahora sólo podría ejecutarse por la vía penal en la mayoría de los casos. Polo, además de no atender los expedientes y no abrir nuevos, no puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, aunque fue requerido en varias ocasiones.Los ingleses, alemanes y escandinavos afincados en Montroi, en los núcleos de chalés levantados en los últimos años, tenían la creencia de que sus copias simples eran las escrituras de su parcela con chalé. Fueron al notario. Lo hicieron acompañados, la mayoría, de uno de los constructores, que consiguió ganarse la confianza de los vecinos porque hablaba inglés y pasaba por tener una relación muy estrecha con los notarios ahora imputados.

¿Era creíble que un notario viera ante él a una pareja de casi 60 años, llegada de Inglaterra, para comprar un trozo de terreno en un lugar en el que no se puede edificar? La Fiscalía cree que no. Tiene indicios de que no. Curiosamente, todas las viviendas afectadas por la trama han ido a parar a las mismas dos notarías, cuando en la comarca hay otros notarios. Pero además, ambos son conocedores del lugar en el que se han levantado las casas. Y, como recordaba la pasada semana el decano del Colegio de Notarios de Valencia, César Belda, "la obligación de un notario es comprobar la legalidad de la transacción que se va a realizar".

Algunos de los afectados, cuando surgieron los problemas con el suministro eléctrico, con el agua e incluso con la propia construcción, se pusieron en manos de un abogado recomendado por la propia constructora, que responsabilizó al Ayuntamiento de las carencias de una urbanización que nunca estuvo legalizada.

Falsificaciones

Pero hubo más. El proceso para legalizar extraordinariamente una vivienda construida en suelo rústico no urbanizable de uso común exige que la parcela tenga más de 10.000 metros, que la vivienda esté aislada (que no sea parte de una urbanización) y que tenga más de cuatro años. Pues bien, en varios de los casos, esos papeles se presentaron alterando la realidad. Y los notarios los aceptaron. Así consta en las diligencias de investigación.

De todo ello, según el ministerio público, y con el respaldo de la documentación que ya fue incautada por la Guardia Civil en los registros, tenía constancia el actual alcalde, ahora imputado. Varios de los afectados aseguraron cuando estalló el caso: "El actual alcalde nos dijo que era mejor no tocar nada, que ya se iría viendo". Fueron precisamente unos afectados alemanes los que pusieron a la justicia sobre la pista al presentar una denuncia hace dos años por un supuesto delito de estafa. Aquella causa desemboca en la trama ahora destapada.