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"Nos perdió la confianza, fuimos ciegos"

Las víctimas de la especulación de Montroi descubren que compraron nada

Había varios modelos de casa. Caían por la ladera de una loma, en un entorno típicamente mediterráneo. Tenían piscina, jardines preciosos, vistas estupendas, incluso un lago en la urbanización. Ese lugar les proporcionaría además una comisaría de policía, un colegio, una estación de tren... y otros equipamientos. Pagaron por ello, entre 150.000 y 230.000 euros. En realidad pagaron por una participación de una parcela indivisible de terreno rústico no urbanizable de uso común. Algunos pagaron por una participación sobre la que había embargos. Otros abrieron la puerta de casa un día y se encontraron con alguien que reclamaba para sí la que creían su casa. La asesoría del perito judicial Aniceto Campos, en Montserrat es ahora, después de destapada la trampa, un lugar de encuentro para los afectados, que buscan, al menos, orientación. Un juez de Picassent ha descubierto la supuesta prevaricación y delito urbanístico del ex alcalde popular de Montroi, Francisco Javier Carrión, junto a otras seis personas. Permitió la construcción de 77 chalés ilegales. A muchos les hizo él mismo la instalación eléctrica, porque ese es su negocio. Permitió que la inmobiliaria Zodiac Village y la constructora Morarim, SL, engañaran a ingleses, alemanes y escandinavos, sobre todo.

Los afectados pagaron entre 150.000 y 230.000 euros por las casas
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"Todo era tan profesional. Tenían tal atención con nosotros...". Vicky, de 37 años, recuerda el día que acudió a informarse y siente que "se rieron" de ella. Vino de Inglaterra, donde era peluquera, porque quería una vida mejor. "Quería tranquilidad, naturaleza y seguridad para mis dos hijos", señala. Su primer destino, en 2005, con Richard, su marido, también inglés, fue Llíria. Allí estuvieron alquilados tres meses. Unos amigos, que tenían la intención de comprar doce parcelas, les presentaron a los dos socios de Morarim: Dieter Klaus y Guillermo Alba (ambos detenidos). Klaus hablaba inglés "y eso nos parecía una garantía". En las oficinas vieron unas casas. "La urbanización parecía el paraíso", se decidieron por una vivienda, hubo sus problemas, cambiaron a otra y se instalaron después de firmar un contrato privado ante una persona que se presentó como notario, pagaron 220.000 euros. Cuando llegaron, la casa no tenía valla, la piscina estaba a medio hacer y en la parcela había un desnivel de cinco metros con ferralla a la intemperie. "Mi hija se cayó y se clavó un hierro. Tiene una cicatriz". Tuvieron que comprar un generador de luz, "porque pocas semanas después de llegar la cortaron, era de obra, y no lo sabíamos". Suscribieron un contrato de compra de agua a un pozo de Montroi "porque tampoco había agua, ni canalizaciones". Sin una palabra de castellano, Vicky, que junto a su marido regenta ahora un bar, "el Cheers de Montserrat", recuerda que bajaba cada día a la oficina y preguntaba. "La respuesta era mañana, mañana. Sólo pensaba en qué hacer, dónde ir. Para mí es incomprensible, porque esto no pasa en Inglaterra". Y añade: "Lo peor fue una mañana en la que al abrir la puerta un señor me decía que la casa era suya". Aquel señor, con su contrato privado, levantó un embargo sobre las propiedades de Morarim. ¿De quién es la casa de Vicky?

Georges Alfred, de 57 años, jubilado, ingeniero de proyectos, asiente mientras Vicky habla. Él, padre de tres hijos que viven en Australia, tuvo un periplo parecido. "Tengo una copia simple de una escritura que dice que tengo un trozo de una parcela que no se puede dividir y en la que no se puede construir. Me enteré hace pocas semanas, cuando quise pedir un préstamo personal".

Y Rodney, de 62 años, conserje en Devon, que vino a España porque su mujer tenía un grave problema de salud del que murió hace tres años, padre de cinco hijos no puede explicarse qué le ha pasado: "Vine buscando esperanza. Perdí a mi mujer, he perdido mi dinero, mi casa no se puede vender, no existe. Nos perdió la confianza. Fuimos ciegos ".

Prisión eludible con fianza para los imputados

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Picassent decretó anoche prisión eludible con fianza para los siete detenidos el pasado miércoles por delito urbanístico en Montroi. Al ex alcalde, el popular Francisco Javier Carrión, al que también acusa de prevaricación, le impuso 8.500 euros de fianza. Al dueño de la constructora Morarim SL, 50.000 euros. Y al resto, cantidades de entre 1.000 y 3.000 euros.

La Guardia Civil les condujo al juzgado de Picassent poco antes de las 13.00 horas. Desde entonces, y hasta pasadas las ocho de la tarde, fueron puestos a disposición del juez para prestar declaración. Sus intervenciones fueron exculpatorias de cualquiera de los delitos que se les imputa.

Javier Carrión (PP) dejó la alcaldía en mayo de 2006. Perdió el apoyo y cedió el puesto de primer edil al socialista Antonio Polo. El cambio fue tranquilo. Carrión continuó dedicándose a la que había sido su profesión principal, electricista. Y lo compaginó con otros negocios en los que se había aventurado aprovechando el boom urbanístico que vivía la comarca. En él, los afectados reconocen a la persona que les hizo las instalaciones eléctricas de un servicio de luz que nunca pudo ser porque se vieron obligados a comprar a la propia constructora generadores por cantidades que rondaban los 200 euros.

Carrión, por tanto, conocía las casas. Sobre algunas de ellas abrió expediente sancionador. Por eso, algunos de los afectados aseguran que se enteraron así de que sus viviendas eran ilegales pero que pensaron, porque así se lo dijeron, que tras pagar una sanción las cosas se arreglaban.

Y conocía la situación el actual alcalde. Algunos de los afectados le reconocen como la persona a la que estando aún en la oposición política en el ayuntamiento acudieron para exponerle la situación en la que se encontraban. Dicen que les prometió arreglarlo, pero sin concretar nada.

La relación entre Carrión y la constructora Morarim SL, era de todos conocida por evidente. De hecho, cuando el miércoles se produjo el registro en el ayuntamiento de Montroi y los vecinos descubrían las causas, no se sorprendieron. Relataban que durante mucho tiempo el ayuntamiento permitió construir sin freno, que los de Morarim era habituales en la alcaldía, que todo el mundo sabía que las casas se estaban haciendo sin los permisos.

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