La Audiencia procesa a tres empresarios vascos por el entramado de pagos a ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido procesar a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz acusadas del pago de seis mil euros de forma voluntaria a ETA y a Luis Amenabar Alday por no haber denunciado haber recibido cartas de extorsión de la organización terrorista.

En un auto, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, además de dictar estos tres procesamientos, retira por haber prescrito las imputaciones contras otros 14 empresarios vascos a los que reprochaba no haber denunciado en su momento las cartas de extorsión que recibieron.

Las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, gerente y consejera de la empresa familiar Andrés Bruño e Hijos S.L., dedicada a la comercialización de angulas y marisco, fueron detenidas en marzo del año pasado acusadas de colaborar con ETA por haber pagado voluntariamente 6.000 euros a la organización terrorista. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza de 20.000 euros. La familia Bruño negó que los pagos hubieran sido hechos de forma voluntaria, asegurando que habían sido víctimas de reiteradas amenazas a la empresa familiar.

ETA agradece la "aportación" de las empresarias

En el auto se reproduce una carta, fechada en abril de 2008, en la que ETA agradece a las empresarias su "aportación" y "evocando su patriotismo" las anima "a que en el futuro sigan realizando aportaciones económicas al proceso de liberación". La misiva fue hallada en la documentación intervenida tras el arresto el 20 de mayo de ese año en Burdeos (Francia) de Francisco Javier López Peña, Thierry, y otros dirigentes etarras.

Según señala Garzón, "este formato de carta es diferente en el contenido y en la forma a las cartas que normalmente utiliza ETA cuando se trata de extorsiones". El pago, siempre según el auto de procesamiento, se habría realizado por una vía que no consta entre julio de 2003 y 2008.

Blanca Rosa Bruño fue firmante de la plataforma electoral Aukera Guztiak, declarada ilegal el 29 de marzo de 2005. Su hermana María Isabel formó parte de las listas de Euskal Herritarrok en las elecciones a las Juntas Generales por Orio en 1999 y firmó la constitución de la agrupación electoral Aukera Guztiak posteriormente anulada.

En la causa aparecen otros 15 empresarios vascos que habrían recibido cartas de extorsión de ETA. A todos ellos, a excepción de Luis Amenabar Alday, el juez Garzón no les aprecia indicios de colaboración con ETA "por cuanto los pagos, en los casos en los que se hicieron, no fueron voluntarios". No obstante, les reprocha que no denunciaran desde el primer momento las cartas recibidas. Explica así que la "obligación de denunciar" se refiere "al momento de recepción de la carta de extorsión y no es incompatible con el pago o impago de las sumas exigidas". "No se reprocha el pago en sí, sino no haber facilitado con su conducta omisiva que las autoridades policiales y judiciales hubieran activado los mecanismos de investigación y sanción de una actividad criminal con resultados letales para la generalidad de los ciudadanos", añade.

En todo caso, Garzón da por prescrito el delito en todos los casos, ya que las cartas se recibieron probablemente entre 1995 y 2004, excepto en el del constructor Luis Amenabar Alday, ya que al parecer recibió una segunda misiva extorsionadora en 2007."