El alcalde de Lleida cree que a la ley de veguerías le falta "un consenso amplio"

Sigue la polémica por la Ley de Veguerías, cuyo proyecto de ley ha sido aprobado por el gobierno de la Generalitat. Ayer el síndic del Val d'Aran amenazaba con pedir la independencia del valle y hoy el turno ha sido para los alcaldes de las capitales de comarca de la futura veguería del Alt Pirineu i Aran, que discrepan sobre la viabilidad del territorio.

Ángel Ros, el alcalde de Lleida, considera que "es es legítimo que el Gobierno catalán tire adelante con la ley", pero él considera que hace falta un consenso territorial amplio, porque "es una ley con un componente sentimental importante y hay que buscar el consenso, ya que si no se pueden crear heridas".

El proyectodivide Cataluña en siete veguerías,sinaclarar cuáles seránsus capitales. El nuevo modelo prevé que, de entrada, las diputaciones provinciales existentes, cuatro, pasen a denominarse consejos de veguería. Más adelante se dividirá la de Tarragona en dos para dar salida a la veguería del Ebro y, en una tercera fase, el Gobierno espera crear la veguría del Alto Pirineo y la de la Cataluña Central, que requiere del visto bueno del Gobierno central por modificar límites provinciales.

El alcalde de Sort (Lleida) y diputado de CiU en el Parlament, Agustí López, considera que ahora "no es momento de hacer la ley" y ha criticado que no se haya presentado un "estudio económico" de una veguería que en su opinión tendrá problemas de viabilidad por las dificultades de comunicación entre valles.

Desde La Seu d'Urgell (Lleida) los cuestionamientos son de carácter económico. Su alcalde, Albert Batalla, considera que "las veguerías se financiarán a través de la población. En el Pirineo somos menos del uno por ciento de la población del país y en cambio el veinte por ciento del territorio".

Las críticas también se escuchan en Tarragona. El Ayuntamiento pide que el nombre de la veguería no sea Camp de Tarragona, sino Tarragona. De esta manera buscan asegurarse explícitamente que serán la capital del territorio.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha calificado la Ley de Veguerías como un conflicto territorial innecesario". La dirigente ha remarcado la inconstitucionalidad del proyecto y la falta de consenso que la acompaña, así como el gasto público que, a su juicio, supondrá. Según Camacho, la división territorial de Cataluña en siete veguerías comportará necesariamente más administraciones, más funcionarios y más gasto, por lo que tachó la propuesta de "barbaridad" dada la situación de crisis económica que sufre el país.