Procesadas 20 personas por el incendio en Guadalajara en el que murieron 11 bomberos

La juez de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, ha dictado este miércoles un auto en el que dispone procesar a 20 de los 29 imputados por el incendio en el que en julio de 2005 murieron 11 bomberos. Se les acusa de delitos de incendio forestal por imprudencia grave. Además, a ocho de ellos se les culpa de delitos contra la seguridad de los trabajadores y a otros siete de homicidio por imprudencia profesional.

Son los mismos ya procesados en mayo del 2009 en una resolución que luego fue dejada sin efecto en octubre de 2009 por una cuestión de forma. El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta recurrirán el auto. No obstante ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el más absoluto respeto por las decisiones judiciales y está dispuesto a seguir colaborando con las autoridades.

El despacho de abogados que representa a ocho de las familias de las 11 víctimas mortales del incendio ha señalado que están conformes y satisfechos con el auto y ha anunciado que no lo recurrirán. Un segundo auto sobresee la causa respecto a los otros nueve imputados, en su mayoría excursionistas que prendieron el fuego en la barbacoa próxima a la cueva de los Casares en la que se originó el incendio, aunque tres de ellos sí están procesados.

Altos cargos políticos

Entre los procesados se encuentran la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha -quien dimitió días después del incendio-, Rosario Arévalo, y el entonces director general castellanomanchego del Medio Natural, José Ignacio Nicolás. Otros cargos políticos procesados son el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González; el director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz; el alcalde de Riba de Saelices entre 1999 y 2003 -cuando se hicieron obras en la barbacoa-, Hipólito Sebastián, y el alcalde en 2005, José Luis Samper.

Siete procesados son técnicos de los servicios de emergencias y de medio ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, a quienes la juez achaca un tipo delictivo de homicidio por imprudencia profesional, así como un delito contra la seguridad de los trabajadores, el mismo delito que se imputa a un técnico de la empresa pública estatal Tragsa. Los 11 fallecidos eran miembros de un retén de extinción de incendios. Otra persona quedó con lesiones graves -el único superviviente del retén- y ardieron 12.875 hectáreas, "una de las mayores catástrofes naturales de la historia de nuestro país", según recuerda la juez instructora al concluir su relato de los hechos.

El resto de procesados son el secretario municipal de Riba de Saelices y los represenantes legales de las empresas Servicios y Proyectos Avanzados (SPA) y Helicópteros del Sureste. La juez mantiene la libertad sin fianza para los veinte procesados. A la ex consejera de Medio Ambiente, la juez le achaca que no hubiese ordenado una vigilancia del uso de barbacoas ni una prohibición de hacer fuego ante unas condiciones meteorológicas ventosas, así como una defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias castellanomanchego.