ERC urge al Gobierno a aprobar la Ley de Veguerías y el PSC pide tiempo

El salto de año no ha calmado los ánimos en el Gobierno catalán, inmerso en su enésima disputa: el proyecto de Ley de Veguerías, la nueva distribución territorial de Cataluña. La falta de consenso dentro del tripartito, con alcaldes de todos los colores, entre los alcaldes socialistas y el propio partido y ayer con nuevas alegaciones al plan ha impedido que el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs (ERC), lleve hoy el proyecto a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. Presionado por mil frentes, el presidente José Montilla sabe y defiende que las veguerías están en la hoja de ruta del Gobierno, pero ha pedido a Ausàs que espere una semana. Fuentes del departamento aseguran que el proyecto "está bien encarrilado" y dan a entender que no les viene de siete días, aunque recuerdan que está en el Pacte d'Entesa.

Con este argumento, Esquerra Republicana presionó ayer a sus socios. El secretario general, Joan Ridao, subrayó que no están dispuestos a ir más allá del martes que viene. Máximo el siguiente. El PSC, dijo, no debe "amilanarse" ante las resistencias del territorio, aunque las ciudades que rechazan el proyecto estén en manos socialistas.

Por su parte, los socialistas, por boca de su portavoz, Miquel Iceta, mostraron "plena confianza en la capacidad del Gobierno para discutir y llevar al Parlament" una ley "que es un objetivo irrenunciable". "Acabar con la organización provincial ya lo pidió en 1977 Joan Reventós en un mitin en La Monumental", apuntó Iceta. Sobre la revuelta de los alcaldes socialistas ante la futura organización territorial, admitió que lograr el consenso es difícil, pero les defendió, sean del color que sean: "Los alcaldes defienden los intereses de sus ciudades y mal iremos el día que antepongan los de su partido".

Mientras, la tercera pata del Gobierno catalán, Iniciativa, admitió la dificultad que tendrá lograr consenso a estas alturas de legislatura, cuando quedan apenas seis meses hábiles. La portavoz parlamentaria de los ecosocialistas, Dolors Camats, señaló que el actual no es "el mejor momento" para presentar la ley. Con todo, apoyó que el Gobierno no apruebe una ley "de tanta trascendencia" hasta que no esté "suficientemente madura".

Desde la oposición, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, rechazó un proyecto que, a su juicio, no es prioritario para los catalanes. Recordó que no hay consenso ni político ni en el territorio y cuestionó el gasto público que generarían las veguerías. Por parte de Convergència, el diputado Josep Rull criticó la "incapacidad" del tripartito para consensuar el proyecto en su seno y con el territorio, al tiempo que admitió que será "complicado" que se apruebe esta legislatura.

Por otra parte, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Lleida y el Conselh Generau d'Aran presentaron ayer alegaciones al proyecto, que, como es preceptivo, ha estado en exposición pública. El Ayuntamiento que encabeza Àngel Ros (PSC) no se opone a la ordenación en veguerías, pero considera que el proyecto es "inoportuno", tiene carencias y es problemático por la falta de consenso. Lleida rechaza la partición de la provincia: por un lado, las comarcas del sur, por otro las del Pirineo y con el Solsonès integrado en las comarcas centrales. Las alegaciones recuerdan que modificar los límites provinciales es competencia de las Cortes y cuestionan también la inconcreción y falta de calendario del plan. Las objeciones de la Cámara de Comercio se centran en cuestionar las repercusiones económicas de la nueva división.

El Conselh Generau d'Aran rechaza que se incluya el valle -desde 1990 se rige por una ley especial- en la veguería del Alt Pirineu y recuerda que el Estatuto ampara su autogobierno.