Pedraz rechaza juzgar a los piratas como coautores del secuestro del 'Alakrana'
El abogado de los dos somalíes pretendía que la pena fuera inferior a 6 años para que pudieran ser expulsados a Somalia y cumplir allí la condena
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición que hoy ha presentado por escrito el abogado de los piratas somalíes presos en España, Francisco Javier Aparicio, en la que solicitaba que se les retire a sus clientes la acusación de asociación ilícita. El objetivo era que se les considerara cómplices y no coautores de los 36 delitos de secuestro (tantos como tripulantes tiene el atunero Alakrana), a fin de que la pena que pudiera recaer sobre ellos fuera inferior a seis años y así poderlos expulsar a Somalia. Sin embargo el juez ha anunciado que decidirá sobre los hechos de imputación en el momento procesal oportuno.
La petición del abogado es precisamente una de las posibilidades que baraja el Ejecutivo para solucionar la crisis abierta tras la captura, hace 41 días, del atunero español y con el traslado a España de los dos detenidos para ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional. La información del Ministerio de Defensa abona esta tesis, pues los dos arrestados, Cabdiwelly Cabdullahi, Abdu Willy, y Raageggesey Adji Haman, no habrían participado en el abordaje del Alakrana sino que serían los señaladores; es decir, los encargados de buscar piezas de caza para los piratas. Fuentes jurídicas advierten, no obstante, que incluso si se les considerase sólo cómplices, España tiene una jurisprudencia muy consolidada según la cual se aplica un delito por cada víctima -36 en este caso-, lo que haría casi imposible aplicar una pena tan leve.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, reveló ayer en Radio Nacional que "una de las opciones" que se barajan es que los piratas sean juzgados en España y luego cumplan su condena en Somalia. Se trata, según las fuentes consultadas, de suscribir con el Gobierno Federal de Transición de Somalia un acuerdo de cumplimiento de penas, a través de un canje de notas, que entraría en vigor de inmediato. Aún así, el traslado sólo podría ejecutarse una vez celebrado el juicio y con sentencia firme.
El Gobierno ordenó detener a los piratas pese a que la inteligencia militar lo desaconsejaba
Moncloa ignoró un informe confidencial elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que alertaba sobre los efectos perniciosos que la detención de los dos piratas podría tener sobre las negociaciones para liberar el Alakrana. El informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, fue elaborado al mediodía del Sábado 3 de octubre, 10 horas antes de la detención de los dos presuntos piratas, y remitido esa misma tarde al Estado Mayor de la Defensa.
Este documento clasificado, desaconsejaba la operación aduciendo que los piratas podrían reaccionar elevando la tensión y por tanto perjudicar las negociaciones. El informe no descartaba que los piratas pudieran incluso tomar represalias contra la tripulación.
En el informe del CIFAS se afirma también que los dos piratas que fueros avistados en el esquife podrían no ser verdaderos ejecutores del secuestro del Alakrana, sino "colaboradores" de los bucaneros en el avistamiento de buques. La valoración del CIFAS fue, según fuentes militares, la que imperó en Defensa hasta que Moncloa optó por una valoración contraria.
Según fuentes consultadas por la SER, Moncloa ordenó a Defensa detener a los piratas basándose en otros informes.
El proceso de detención de los piratas comenzó en la noche del sábado 3 de octubre y se prolongó hasta la madrugada del domingo 4. Defensa procedió pues a la detención tras haber recibido una orden en ese sentido de Moncloa y a pesar de que sus propios informes lo desaconsejaban.
