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Los testigos avalan la tesis del presidente de la Vital

Aseguran que se no rechazó la candidatura de Gregorio Rojo

Apenas pasaron dos horas antes de que el juez dijera el clásico "visto para sentencia". El juicio en el que se dilucida la continuidad o no de Gregorio Rojo como presidente de la Caja Vital, se celebró puntual y con la visita de varios testigos, entre ellos el demandante y ex presidente de la comisión de control, Miguel Garnica, la ex miembro de aquella misma comisión en marzo de 2008, cundo se produjo la cuestionada reelección de Rojo, Marta Buesa, y tanto el secretario de la entidad, vesga, como el director general, Barrena. Los testigos avalaron la tesis de la defensa de que la comisión electoral no rechazó la candidatura de Gregorio Rojo, y los demandantes apenas si incidieron en la legislación que le permitía seguir en el cargo pese a llevar 16 años en cargos internos. El enfrentamieto dialéctico no reprodujo la tensión que se vivió en marzo de 2008, fechas a las que se remonta la demanda. Rojo fue reelegido presidente de la Vital amparándose en que la nueva legislación de Cajas preveía una situación de transitoriedad a la que se acogió, y que le permitía, según sus letrados, permanecer el mandato en curso más otro más.

La vista fue especialmente técnica. Los demandantes del PP querían demostrar que la candidatura de Rojo fue anulada legalmente por la comisión de control convertida en electoral -que presidía Miguel Garnica- pese a que no había mayoría absoluta para adoptar la decisión, y pese a que existía un procedimiento previo antes de la anulación de la candidatura de Rojo que no se cumplió. El abogado del PP quiso poner en evidencia, que la permanencia de Rojo durante 20 años en cargos internos "no tiene precedentes" y cualquier razón que se encuentre para justificarlo "no es justificable" pero sus argumentos jurídicos apenas si entraron en el asunto. Su estrategia se centró en desacreditar a los miembros de la comisión de control que con sus ausencias impidieron que se adoptaran acuerdos contra la candidatura del presidente, y en demostrar que la comisión de control, constituida como electoral, ya había anulado otras candidaturas con anterioridad.