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La investigación del 'caso Gürtel'

Aguirre no cree que Camps deba seguir su ejemplo

La presidenta de Madrid apartó ayer a los tres diputados imputados en la 'trama Gürtel' de su grupo parlamentario.- Feijóo defiende que Rajoy "no tiene responsabilidades"

Esperanza Aguirre no se siente "en absoluto" un ejemplo para Francisco Camps. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer obligó a los tres diputados regionales de su partido imputados por el caso Gürtel a abandonar el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, cree que lo que ocurre en su comunidad "no tiene nada que ver" con lo que ocurre en Valencia "porque allí no hay imputados".

La presidenta ha explicado que, aunque en Valencia se abrió un proceso judicial que afectaba a altos cargos tanto del PP como de la Generalitat, ya fueron exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Ayer, apenas unas horas después de recibir la parte del sumario del caso Gürtel que el juez Pedreira ha desclasificado,y en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre optó ayer por expulsar del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados, el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch. A los dos ex alcaldes, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla, Arturo González Panero, que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales. En cualquier caso, la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados.

Aunque la presidenta de Madrid ha reconocido que no conoce el tema de Valencia a fondo sí ha recalcado que confía "plenamente en que el señor Camps va a hacer lo que tenga que hacer".

Por otro lado, Aguirre ha confirmado que el PP de Madrid va a promover una reforma reglamentaria de la Asamblea regional para introducir la figura del diputado no adscrito, que ahora no existe. Dicha reforma, que supondría un trámite de un mes, se va a hacer de urgencia y su objetivo es que López Viejo, Martín Vasco y Bosch no entren en el Grupo Mixto y no cobren los beneficios asociados que incrementarían su sueldo de 3.800 a 6.000 euros.

Feijóo: "El momento de tomar decisiones se puede discutir"

Esquivo y sin pronunciarse con rotundidad sobre la situación del PP tras los últimos datos conocidos del caso Gürtel al levantarse parcialmente el sumario, el presidente del Xunta de de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se muestra a favor de que su partido adopte decisiones, aunque no precisa cuáles. "El momento procesal de tomar estas decisiones se puede discutir pero quien se haya aprovechado del partido no puede estar en política", ha asegurado Feijóo en una entrevista en la cadena SER.

El presidente gallego ha defendido la gestión que el líder del partido, Mariano Rajoy, está haciendo de la crisis. "La inmensa mayoría de los españoles sabe que Rajoy no tiene responsabilidad en estas cuestiones. Yo lo que le pedí siempre es que si ocurre algo en el partido en Galicia me deje a mi asumir la responsabilidad, porque si las decisiones se toman en Madrid se desautoriza al presidente del PP gallego y es una intromisión desde el punto de vista estatutario", ha indicado.

Folios por conocer

Pese a que el argumento esgrimido hasta ahora por los dirigentes populares de estar indefensos por no conocer de qué se les acusaba ha quedado superado al levantarse los 17.000 folios del sumario, Feijóo ha insistido en esta línea. "Nos hemos enterado de cosas sin tener comunicación previa, de cosas parcialmente. Se declaran sumarios secretos y se conocen parcialmente. Todavía quedan folios sin conocer", ha afirmado.

"Lo que puedo asegurar es que mi partido tiene que tomar decisiones. Ayer se tomaron algunas importantes en la Asamblea de Madrid [donde Esperanza Aguirre expulsó del partido a los tres diputados implicados]. En un partido como el PP la gente que no distingue la gestión económica de su interés no puede estar en el partido".

Sobre las posibles ramificaciones de la trama en Galicia, Feijóo ha descartado cualquier responsabilidad de sus actuales gestores. "En 1996 y 1999 había una persona que ahora está encarcelada [Pablo Crespo]. En 1999 se le apartó y si pudiésemos apartarlo por segunda vez lo haríamos pero ya fuera", ha afirmado el presidente gallego, quien ha añadido que si supieran más cosas dará "las explicaciones que correspondan".

Por su parte, el vicepresidente tercero valenciano, Juan Cotino, ha asegurado que "habrá reuniones pertinentes para ver qué soluciones se buscan". Pese a ello, Cotino ha insistido en que "el Ejecutivo no tiene por qué tomar ninguna decisión" ya que "no se acusa a nadie de nada" y "nadie se ha llevado un euro de nada". El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha acusado hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de manipular las instituciones democráticas para "apropiarse indefinidamente del poder político", y ha defendido el derecho de los ciudadanos "a expresar su voluntad democrática ante la relevancia" de los acontecimientos que se conocen del caso Gürtel.

Los abogados creen que las escuchas del 'caso Gürtel' se hicieron sin apoyo legal

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso Gürtel y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente", informa Efe. De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes.

El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho. Estos procedimientos, subrayan los abogados, están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa. Por ello, según el CGAE, las grabaciones de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.

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