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La financiación irregular del PP valenciano | LOS INFORMES POLICIALES QUE LOS JUECES DE VALENCIA NO QUIEREN INVESTIGAR / 3

Las cuentas apuntan al supuesto cohecho

La contabilidad de Orange Market, la empresa de El Bigotes, recoge apuntes concretos sobre los pagos a Milano y Forever Young y decenas de regalos más

El informe policial Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, de 89 folios y cinco anexos, incluye nuevos documentos incautados a la firma valenciana de la trama Gürtel. Entre ellos se incluye la contabilidad de esta empresa, vital para apuntalar la investigación sobre el supuesto cohecho cometido por cuatro altos cargos del PP, entre ellos Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esa comunidad.

En el capítulo de las salidas de los libros de contabilidad de Orange Market y en distintas fechas, el contable de Álvaro Pérez, El Bigotes, apunta el pago de diversas cantidades de dinero a Milano y Forever Young, las tiendas de ropa en las que El Bigotes compró trajes por más de 30.000 euros para regalárselos a Camps, el presidente autonómico, y a Ricardo Costa, secretario general del PP, entre otros.

El informe aporta nuevos documentos relacionados con la causa contra Camps

El tribunal mostró su desagrado por el envío del texto y lo despreció

Pese a ello, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa, amigo declarado de Camps, despreció el informe policial con un argumento falso. Las diligencias abiertas contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente", escribieron los magistrados en un auto que hicieron público el 10 de septiembre.

Sin embargo, cuando los magistrados recibieron el informe -31 de julio de 2009- estaban en plena deliberación sobre el recurso que Camps y el resto de imputados por cohecho habían presentado contra el auto del juez Flors, que decidió sentarlos en el banquillo al encontrar indicios suficientes de cohecho. Los magistrados no resolvieron archivar la causa hasta dos días después, pero no dijeron nada del informe policial hasta que pasaron un mes y ocho días.

El título del informe podría llevar a engaño a los magistrados, pues habla de financiación de los actos del PP, un asunto que no entraba dentro de la causa judicial abierta. Sin embargo, los magistrados leyeron el documento y así lo explican en su auto de 10 de septiembre: "Es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes".

Esa continuación de informes anteriores incluía numerosos documentos nuevos relacionados con el supuesto cohecho y, por tanto, guardaban relación con el objeto de la causa abierta a Camps. Entre ellos, un listado de regalos de Navidad cuyos beneficiarios son todos los cargos imputados y sus familiares. Además, la lista de pagos a Milano y Forever Young, las tiendas de ropa donde se compraron los trajes para Camps y sus hombres de confianza en el PP valenciano.

Uno de esos apuntes hace referencia al pago de 4.821 euros, una cantidad que figura en parte de lo investigado hasta ahora como pagada por Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y jefe de El Bigotes, a Milano por cuatro trajes para el presidente Camps.

Además de este apunte, aparece otro en Forever Young, la tienda a la que se fue José Tomás, el sastre de confianza de Camps y los dirigentes del PP, por valor de 12.000 euros, en fechas idénticas a las que se estaban produciendo los regalos de la trama corrupta a la cúpula popular valenciana.

La sala de lo Penal del Tribunal Valenciano no ocultó su malestar ante el envío por parte de la Policía Judicial de este informe -"sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor", escribieron-, pese a que el trabajo de los investigadores ha sido el habitual en estos casos y el que se ha seguido desde que se inició el caso Gürtel. Los policías analizan toda la información que consiguen previa autorización judicial -registros, pinchazos telefónicos- y envían informes a los jueces instructores y a la Fiscalía.