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Sindicatos y asociaciones piden al Senado que no se limite la jurisdicción universal

PSOE y PP aprobaron el 25 de junio en el Congreso reducir su alcance a casos que tengan que ver solo con España

Una plataforma integrada por Comisiones Obreras (CC OO), UGT y más de una veintena de asociaciones, entre las que destaca Amnistía Internacional (AI), ha rechazado hoy la decisión que tomó el Congreso el pasado 25 de junio de impedir que los magistrados de la Audiencia Nacional juzguen casos en el extranjero. En aquella sesión parlamentaria, todas las formaciones políticas excepto IU y ERC votaron a favor de limitar la jurisdicción internacional.

La nueva ley establece que los jueces sólo podrán encausar aquellos supuestos delitos que tengan una "conexión nacional"; es decir, que atañan a españoles o al Estado español en general.

Ahora le toca al Senado decidir. Por eso, los partidarios de no frenar los procesamientos a quienes violen fuera de España el derecho internacional han pedido a este órgano que paralice la reforma. Ésta consistió en una enmienda al artículo 23 de la ley Orgánica del Poder Judicial, a través de un proyecto de ley.

Javier Doz, secretario de Internacional de CC OO, preguntado por la dificultad de que la petición de la plataforma prospere, ha reconocido que sí, "pero no podemos hacer otra cosa". En el manifiesto que ha presentado esta amalgama de agentes sociales se lee que la defensa de los derechos humanos es una "obligación absoluta". También era absoluta, hasta que salga adelante la enmienda, la potestad que tenían jueces como Baltasar Garzón, Santiago Pedraz o Fernando Andreu para investigar lo que fuere en cualquier lugar del planeta.

"Rumorología"

En la rueda de prensa se ha criticado duramente la decisión del Congreso. La presidenta de Amnistía, Itziar Ruiz, ha advertido del "retroceso" de la justicia de aprobarse la reforma. Una representante saharahui se ha referido a la nueva propuesta como "cómplice de la injusticia". Pero quien más ha puesto más peros a la nueva ley ha sido Juan Garcés, ex asesor del presidente chileno Salvador Allende.

"El derecho de asistencia humanitaria ha costado vidas (a los soldados), dinero y choques diplomáticos (Kosovo), mientras que los tribunales internacionales tienen un coste bajo", ha explicado Garcés, quien asimismo ha refutado el argumento de que los jueces españoles tienen ya bastante trabajo en el país como para procesar a nadie fuera: "De los miles de tribunales jurisdiccionales, sólo seis tienen competencias internacionales. Actualmente, hay 14 procesos".

También ha defendido que la lógica jurisdiccional sigue un camino diferente de los intereses políticos y económicos: "En 1996, la inversión española en Chile era de 100 millones de dólares. Tras la orden de detención de Garzón en 1998 contra Pinochet, que era jefe de Estado, las inversiones españoles se dispararon hasta los 4.000 millones de euros".

Cuando los oradores han sido inquiridos acerca de los porqués de la enmienda tan sigilosa del Congreso, Garcés ha recurrido a la "rumorología" que pulula "por ahí". "Puede que haya habido una ofensiva desde los centros de poder, que han visto que se contemplaba la posibilidad de perseguir los crímenes de fuera, pero no los de dentro". Garcés hablaba del franquismo.