El juez Andreu prosigue la investigación contra Israel pese a la oposición de la fiscalía

El magistrado mantiene la acusación contra siete militares por un bombardeo en Gaza en 2002 que mató a 14 civiles. -Israel lo califica de "maniobra política"

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu continuará, pese a la oposición de la fiscalía, con la investigación del bombardeo israelí en julio de 2002 en Gaza que acabó con la vida de 14 civiles, además de la del líder de Hamás Salah Shehadeh.

El magistrado estima que la justicia española puede perseguir un delito de lesa humanidad y mantiene la querella contra los siete militares israelíes, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer. Israel mantenía en un escrito enviado al juez que aquella acción militar pretendía proteger a sus ciudadanos ante el terrorismo de Hamás". El Gobierno israelí señalaba que contaba con "mecanismos independientes" para investigar la acción de sus Fuerzas Armadas.

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Escrito enviado por Israel al juez Andreu
Auto del juez Andreu contra siete militares israelíes

En virtud de esta documentación, la Fiscalía de la Audiencia solicitó hace un mes al magistrado que archivara la causa, puesto que, en su opinión, quedaba acreditado que Israel aún estaba investigando el bombardeo. La fiscalía consideraba además que España no puede actuar como "una tercera instancia penal". Sin embargo, Andreu considera que Israel no ha efectuado ningún movimiento para esclarecer estos hechos.

El portavoz del ministerio israelí de Exteriores Igal Palmor, ha calificado de "maniobra política que no responde a los principios del derecho" la investigación del juez Andreu, ya que va en contra de la fiscalía de anularla. Palmor ha afirmado que "hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial para una causa antiisraelí".

Crímenes de guerra

En el auto notificado hoy, el juez defiende la competencia del tribunal español y añade que, aunque Israel hubiera abierto una investigación, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" de la Audiencia Nacional, por la naturaleza de los delitos investigados, que se pueden considerar como crímenes de guerra. La decisión puede ser recurrida en reforma ante el propio Andreu y, subsidiariamente, en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

"Desde la fecha de la comisión de los hechos (...), las autoridades judiciales de Israel no han incoado ningún procedimiento criminal que tenga por objeto determinar si de los hechos denunciados puede derivarse la existencia de algún tipo de responsabilidad penal", señala el auto. "Buena prueba de ello es que los aquí querellantes, víctimas del 'ataque preventivo', se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial", según Andreu, para quien "los hechos ocurrieron en la ciudad de Gaza, siendo así que la comunidad internacional, sin distinción y en su conjunto, admite que dicho territorio no forma parte del Estado de Israel".

La querella presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos contra el ministro Ben-Eliezer, el jefe de la fuerza aérea, Dan Halutz, el general del mando sur del Ejército, Doron Almog, el asesor de seguridad Giora Eiland, el secretario militar del ministro, Michael Hertzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad, fue admitida a trámite por el juez Andreu el pasado 30 de enero. Andreu asumió la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él. La querella también estaba dirigida contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon, que no entró en el procedimiento al encontrarse en coma profundo desde el año 2005.

Dívar: "No nos podemos convertir en los gendarmes del mundo"

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha apostado hoy por reformar algunos aspectos de la regulación de la jurisdicción universal ya que "no nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo" o estar en "conflicto diplomático diario", informa EFE. Así se ha pronunciado Dívar en el I Encuentro de la asociación de informadores jurídicos Acijur-El Derecho Editores al ser preguntado por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de seguir instruyendo la querella que varias asociaciones interpusieron contra Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002, aunque ha señalado que no se refería a ningún caso concreto.

Según Dívar, si un juez de la Audiencia Nacional puede investigar estos casos es porque la ley se lo permite y por ello ha considerado que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la jurisdicción universal debería ser modificado en algunos aspectos. El presidente del TS y del CGPJ se ha referido también a razones de eficacia para acometer esta reforma ya que, ha recordado, hasta ahora ninguno de los asuntos de este tipo que se han investigado "ha llegado a feliz término".

En su opinión, la ley tendría que referirse a aspectos más concretos en los que se trate de intereses españoles en el extranjero que no hayan sido suficientemente protegidos o de determinados crímenes que no hayan sido objeto de ninguna intervención en esos países. Pero si esos Estados tienen sus propios procedimientos, "¿quiénes somos nosotros para arreglar la casa ajena cuando tenemos que arreglar tanto en casa propia?", se ha preguntado Dívar quien, no obstante, ha defendido la jurisdicción universal y la ha considerado "justa y buena" para algunos caso.

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