El PP se autoexculpa de espionaje y deja el caso en manos de los jueces

El PP ha pasado de calificar de falsos los partes de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional a simplemente cuestionar su validez, según las conclusiones del dictamen que ha registrado en la Asamblea y que ha sido aprobado gracias a la mayoría absoluta que posee en la Cámara. "Los supuestos partes de espionaje ni son documentos de la Consejería ni se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales y carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración; la Comunidad ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona", señala el texto. Sin embargo, tanto el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, han confirmado que las anotaciones de los informes coinciden con lo que hicieron en esas fechas entre abril y mayo de 2008.

El dictamen del PP, de 62 páginas, ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión tensa en la que el PSOE e IU han vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión. Tras rechazar la utilidad de la comisión, que fue bloqueada y frenada deliberadamente, para alcanzar cualquier conclusión que confirme los seguimientos, el Grupo Popular cree que es el turno de los tribunales. "La comisión no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario EL PAÍS y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso", añade el informe del PP. El pasado viernes, la fiscalía anunció que seguiría adelante con la investigación al dar verosimilitud a los partes de seguimientos a Prada y Cobo.

Responsabilidad de Aguirre

Las conclusiones del PP, presentadas después de que el pasado miércoles diera cerrojazo a la comisión con la última comparecencia del consejero de Interior, Francisco Granados, chocan frontalmente con las de los grupos de la oposición, PSOE e IU, que apuntan directamente a la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, para que se llevaran a cabo los seguimientos. "No se pudo hacer sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos", afirma el borrador del dictamen de IU.

El PSOE apunta más lejos y cree que Esperanza Aguirre "engañó" al presidente de su partido, Mariano Rajoy, para tener el "control absoluto" del asunto del supuesto espionaje político en Madrid, ya que "no le interesaba nada que esa investigación quedara bajo el ámbito de la dirección nacional del PP", según informa EFE. La portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha argumentado que, para "ocultarlo", Aguirre diseñó una estrategia que comenzó cuando, a principios de febrero, anunció que aceptaba una comisión de investigación en el Parlamento regional.

Menéndez ha afirmado, asimismo, que recurrirán en "amparo al Constitucional" y que plantearán que "no es posible que sigan vulnerando los derechos de diputados integrantes de la comisión. Socialistas e IU destacan que ha quedado acreditada la existencia de una o varias tramas ligadas a "cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior", con la particularidad de que la mayoría de los espiados "son o han sido rivales directos de Aguirre", según el dictamen de 78 páginas del PSOE. "EL PAÍS aporta pruebas irrefutables de que la trama o tramas están vinculadas a la administración autonómica y relacionadas con las peleas internas por el control político o económico del PP". La oposición reclama además el cese del consejero Granados como "responsable directo" de la trama. "El espionaje está localizado en la Consejería de Presidencia e Interior (hoy Presidencia, Justicia e Interior), donde existe personal y estructuras que no responden a ninguna de las competencias asignadas en el Estatuto a la Comunidad en materia de seguridad y desde donde se han efectuado las actuaciones irregulares", asegura IU en su dictamen.

Estructuras del pasado

Como ya señalara durante las sesiones de la fugaz comisión de investigación, por la que pasaron ex responsables de los servicios de seguridad de Gobiernos anteriores al de Aguirre, el PP subraya que las estructuras y funciones de la Dirección General de Seguridad son "las mismas que puso en marcha el Gobierno de Joaquín Leguina a partir de 1985 y que potenció el de Alberto Ruiz-Gallardón, con un proyecto de Seguridad de 2002".

El informe del PP insiste en negar que los partes fueran elaborados por agentes dependientes de los jefes del área de Seguridad, pese a que lo confirmaba un informe pericial, que indicaba que José Manuel Pinto fue el autor. "La letra de las anotaciones manuscritas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas a las que han apuntado las informaciones periodísticas", indica el PP. El Gobierno regional encargó otro informe que negaba ese extremo, si bien se realizó sobre fotocopias y con la letra de Pinto después de que éste conociera su supuesta responsabilidad.

PSOE e IU apuntan a Aguirre en la Comisión de Investigación