El Supremo ordena la liquidación de cuentas de ANV y el PCTV

La Sala Especial del Tribunal Supremo ha ordenado la ejecución de la sentencia de liquidación patrimonial del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) a instancias de la Abogacía del Estado y el ministerio fiscal. La también conocida como Sala del 61, por el artículo de la Ley de Bases reformado en 2003 en el que se basó el fallo del Supremo, ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten sus alegaciones. La sala presidida por Carlos Dívar pide en sus dos escritos el embargo de sus cuentas, créditos bancarios y derechos en bienes y participaciones en entidades financieras que tengan ANV y el PCTV. La decisión se ha adoptado por 15 votos a favor y uno en contra.

El Supremo se dirige, en el caso del PCTV, que cuenta con nueve diputados en el Parlamento vasco bajo el grupo parlamentario Ezker Abertzalea, al presidente de la Cámara para que ponga en marcha los mecanismos de disolución del grupo. En el caso de ANV, presente en 125 ayuntamientos del País Vasco y Navarra tras las elecciones municipales de 2007, la Sala Especial envía un comunicado a la Junta Electoral Central para que sea remitido a las Juntas Provinciales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Pamplona de cara a futuros comicios.

La Sala del 61 ha contado con el voto particular del magistrado Manuel Marchena, quien considera que hoy mismo debería haberse ordenado la disolución de las dos formaciones.

Reclamar a Garzón los bienes de los dos partidos

El Supremo designará a tres liquidadores de entre los seis funcionarios del cuerpo superior de inspectores de finanzas del Estado que proponga la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Además, la Sala del 61 reclamará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la relación de bienes y derechos intervenidos o embargos a ANV y al PCTV en los procedimientos seguidos por éste. Garzón decretó el pasado febrero la suspensión de actividades por tres años de ANV y del PCTV.

Tras conocerse esta decisión, Eusko Alkartasuna (EA) ha expresado su disconformidad y ha asegurado que supone "aplicar fórmulas del pasado que se han revelado totalmente inútiles para la resolución del conflicto vasco", informa la agencia Vasco Press. Mikel Irujo, portavoz de EA, lo ha calificado de "auténtica aberración política" y ha defendido que a los partidos "los legalizan o ilegalizan los ciudadanos en las urnas". Para Irujo, la ejecución de ilegalización de ambas formaciones "además de atentar y limitar los derechos fundamentales de participaión, asociación y expresión" supone "aplicar fórmulas del pasado que se han revelado totalmente inútiles".