El policía que quitó las alusiones a ETA en un informe del 11-M dice que "eran absurdas"

El jefe del laboratorio de la Unidad Central de Analítica, Francisco Ramírez, ha reconocido que rehizo el informe elaborado por tres peritos que relacionaba ETA con el 11-M tras hallar ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados porque "sus conclusiones carecían de rigor" y "eran absurdas".

Ramírez se ha manifestado así en el juicio del caso del ácido bórico, que comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid y en el que están imputados cuatro altos mandos de la Policía por la supuesta manipulación de un informe de tres subordinados suyos en el que vinculaban a ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados.

Según el testimonio de Ramírez, fue el secretario general de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida -también acusado en este caso- quien decidió y tachó "en rojo" las anotaciones de sus subordinados porque "carecían de rigor científico" y "no eran ni mucho menos concluyentes". Posteriormente ha negado que Mélida o el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano, le ordenaran eliminar del informe todo lo referente a ETA, como sostienen las acusaciones

"No se puede meter en el mismo saco a estos tres señores y decir incluso que pueden ser autores, cuando ni siquiera coinciden en el tiempo", ha dicho Ramírez en alusión a la coincidencia del hallazgo de ácido bórico, además de en el domicilio de uno de los detenidos por el 11-M, en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un antisistema en Madrid en 1999.

El acusado también ha señalado que no tiene constancia de que el ácido bórico, sustancia que se utiliza habitualmente como insecticida e incluso como producto de higiene personal, sirva para fabricar explosivos.

El juicio se reanudará hoy a las diez con la declaración de los otros tres acusados: Santano, Mélida y el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas.

Desetimada la 'doctrina Botín'

Para celebrar la vista el juez Alberto Jorge Barreiro ha desestimado aplicar la doctrina Botín, que impediría la celebración de un juicio a instancia exclusiva de la acción popular, tal y como le solicitaron en la fase de cuestiones previas la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de los imputados. En esta ocasión, la Audiencia cree que al tratarse de delitos de falsedad y contra la administración de Justicia hay un "bien jurídico colectivo" que proteger y que permite la celebración del juicio, aunque sólo acuse la acción popular.

El inicio de este proceso se produce después de que el pasado 12 de febrero el tribunal acordara el aplazamiento a la espera de conocer los argumentos del Tribunal Supremo en la sentencia que condenó por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak al ex presidente de la Cámara Vasca Juan María Atutxa, con la única acusación de la acción popular.

El presidente de la sección decimoquinta de la Audiencia, Alberto Jorge Barreiro, ha calificado de "contradictorias" la sentencia del caso Atutxa, que permite que la actuación de la acción popular cuando no existe perjudicado concreto, y la doctrina Botín del Tribunal Supremo, que limita el papel de las acusaciones populares en los procedimientos abreviados. "Un estudio conjunto de ambas sentencias impide que haya doctrina unitaria", ha añadido.

Expulsión de la Abogacía del Estado

El presidente de la sala ha decidido además expulsar del proceso a la Abogacía del Estado, que había pedido el archivo de la causa y no ejercía ni acusación ni defensa alguna, aunque la decisión puede ser recurrida. El juez ha explicado que no existe figura procesal prevista en la ley a la que se le permita "esa especie de parte indeterminada, plural y que pueda disparar a cualquier sitio", y ha añadido que esto generaría "indefensión" al resto de las partes.

El tribunal ha desestimado así la petición de sobreseimiento de la causa y ha optado por admitir la acusación popular, que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, para que el juicio se celebre.

En esta causa se sientan en el banquillo cuatro altos mandos policiales, entre ellos al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el secretario general, Pedro Luis Mélida, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez. Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento.

Según la acusación popular, los acusados ordenaron presuntamente corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista. Este juicio, además de ayer, también está previsto para hoy miércoles, el jueves y el próximo martes día 17.

Comienza en la Audiencia provincial de Madrid el juicio por el caso del ''ácido bórico''