Los imputados por defraudar 1,2 millones por el 'caso Fara' se niegan a declarar

Los principales imputados por el supuesto desvío para un uso particular de más de 1,2 millones de euros de subvenciones de la Federación Andaluza de Asociaciones de Romaníes (Fara) se han negado hoy a declarar en el comienzo del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.

Siete de los quince acusados no permitieron que la Fiscalía les interrogara, acogiéndose en su derecho constitucional, y sólo han respondido a las preguntas de sus defensas. Únicamente uno de ellos ha atendido a todas las partes personadas en el procedimiento. Los imputados se enfrentan a 88 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, defraudación a la Hacienda pública, coacciones y amenazas proferidas al interior consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña.

El fiscal pide una pena de doce años y medio de prisión para el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez Arribas, quien fue el primero en negar la declaración. Junto a Rodríguez Arriba, están acusados toda la junta directiva de la organización: el tesorero Ramón V.C., el interventor Andrés A.M. y el secretario Salvador P.A., quienes también se han negado a contestar a las preguntas de la acusaciones. Sólo los dos últimos han precisado, en respuestas a sus letrados, que ellos nunca falsificaron nada y que no eran los responsables de las contrataciones ni acceso al dinero que había en las cuentas bancarias.

En el banquillo también se encuentran Valeriano G.G., supuesto encargado de la contabilidad y José María A.N., María del Carmen Ll. R. y Carlos S.G., quienes preparaban la documentación para las correspondientes ayudas.

El único acusado que ha contestado a todas las preguntas ha sido un empresario que ha asegurado que las tres facturas que emitió a la federación eran verdaderas y por más de cuatro millones de pesetas en material escolar.

Fraude, autos de lujo y varios inmuebles

La investigación de este caso reveló la propiedad de inmuebles, de una flota de vehículos de lujo y de cuentas bancarias y el uso de rentas no declaradas al fisco procedentes de establecimientos de ocio de la Costa del Sol.

Respecto a las amenazas al ex consejero de Asuntos Sociales, la Fiscalía entiende en su escrito acusatorio que "fue presionado fuertemente con el anuncio de manifestaciones de la etnia gitana", que hubo un robo en su domicilio y llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían de que tuviera cuidado.

En el escrito del fiscal se señala que para lograr la desviación de parte de los fondos subvencionados y apoderarse presuntamente de este dinero, los acusados emplearon "distintos procedimientos tales como continuos traspasos de dinero, facturas falsas, recibos duplicados y contrataciones ficticias de trabajadores".